Tras una extensa audiencia con los principales funcionarios encargados de supervisar el sistema eléctrico, el presidente del Comité de Transición entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, insistió este jueves en que la información provista validó la “conclusión” de que el contrato con LUMA Energy “no tiene las herramientas necesarias para supervisar, regular o fiscalizar adecuadamente las operaciones” de la empresa.

El rumbo que la administración de Jenniffer González seguirá, dijo Rivera Cruz, no se definirá hasta que la gobernadora electa asuma el cargo y esté en posición de decidir si sigue adelante con sus promesas de, en primer lugar, designar un “zar” que fiscalice a todos los interventores de la política pública energética y, posteriormente, cancele el contrato del consorcio que opera la red de transmisión y distribución desde 2021.

“No voy a adelantar lo que la gobernadora va a hacer, porque eso será una decisión de ella con su equipo de trabajo cuando empiece en enero, pero sí le garantizo que hay mecanismos, y uno de ellos va a ser crear la figura del zar para que vaya montando las piezas necesarias para que las cosas salgan a favor del pueblo de Puerto Rico”, manifestó Rivera Cruz posterior a la vista, en una conferencia de prensa junto al resto de los miembros del comité.

El alcalde de Bayamón, sin embargo, reconoció que, por un lado, no es posible obligar a LUMA a renegociar las cláusulas de su contrato para corregir la ausencia de herramientas y, por otro, que incluso la creación del zar podría ser impugnada por la empresa si modifica sus obligaciones contractuales.

“Ahora mismo, no hay nadie que dirija (el sistema eléctrico). Todo el mundo le echa la carga al otro. Nadie quiere asumir responsabilidad. Al usted tener una estructura, una persona responsable, donde da instrucciones y da seguimiento, las cosas comienzan a caminar”, afirmó.

Ante el cuestionamiento de si LUMA retaría legalmente la imposición de un zar no contemplado en su contrato, Rivera Cruz replicó que, “al lado de acá, también habrá abogados”, aderezando la respuesta con la frase de que, si al consorcio no le gusta la nueva figura, “en Isla Verde hay un aeropuerto con vuelos directos a Canadá”.

La idea de que el operador privado responderá directamente a las exigencias de un ente gubernamental contrastó marcadamente con los planteamientos que esbozaron en la vista los directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón y Fermín Fontanés, respectivamente.

Colón, por ejemplo, señaló que actualmente, la AEE mantiene ante la AAPP una disputa con LUMA en torno al acceso a la información financiera de la empresa, que opera con los fondos que le remite la corporación pública. Fontanés, quien estuvo encargado de negociar el pacto que se firmó en 2020, defendió la estructura del contrato bajo la premisa de que ninguno de los licitadores hubiese estado dispuesto a que una AEE quebrada le diera “instrucciones”.

“Ningún privado iba a entrar a correr el sistema si las decisiones las iba a tomar la AEE, que quebró el sistema. Esto pasó desde el momento histórico en que se llevó a cabo el estudio de mercado”, manifestó Fontanés.

Durante la vista, Rivera Cruz cuestionó a Colón y Fontanés si rescindirían el contrato de LUMA, a lo que el jefe de la AEE respondió en la afirmativa y su homólogo de la AAPP, que no, debido a las implicaciones negativas que supuestamente tendría sobre la reconstrucción de la red. Posteriormente, en una rueda de prensa junto a otros miembros del gobierno saliente, Fontanés abundó que remover a LUMA tendría el efecto de “paralizar” las obras de reconstrucción.

El presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés –quien participó en el mismo panel–, esbozó que, si bien las métricas de rendimiento contractuales de LUMA no entrarán en vigor hasta que la AEE salga de la quiebra, el organismo se siente listo para comenzar a imponer penalidades administrativas atadas al desempeño del operador.

“Ya tenemos madurez para usar el mecanismo de multas”, afirmó.

De otra parte, Avilés pidió al comité entrante que recomiende a González que, si tiene planes de modificar los objetivos de energía renovable en la Ley de Política Pública Energética, lo haga temprano en el cuatrienio para poder adoptar las nuevas metas en la revisión del Plan Integrado de Recursos, en curso al presente. Mencionó, como ejemplo, que pudieran eliminarse de la ley las metas intermedias de 40% y 60% de energía renovable para 2025 y 2040, dejando únicamente el objetivo final de 100% para 2050.

Por su lado, Colón sostuvo que sería recomendable posponer la salida de la cogeneradora AES, prevista para finales de 2027, debido a que no existirá reemplazo para los cerca de 500 megavatios que produce la instalación en Guayama. Ese ajuste requeriría legislación, toda vez que, a partir de 2028, entra en vigor la prohibición a generar energía a base de carbón debido a su efecto nocivo a la salud pública.