Luego de apercibir al gobierno central de que el proyecto de la Cámara de Representantes 2071 que creaba la Ley de Ajuste Razonable al Retiro de los Bomberos, violenta el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) invitó al gobernador Pedro Pierluisi a calendarizar una reunión en “las próximas semanas” con el fin de discutir “alternativas”.

El gobernador tenía hasta la medianoche del 16 de agosto para firmar el proyecto de ley. Pero la medida recibió un veto del gobernador, confirmó La Fortaleza.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Néstor Tirado, dijo que ese mismo día, el 16 de agosto, realizaron reuniones con el equipo del primer ejecutivo y de la JSF en busca de revivir la medida.

“Nos hablaron de que el proyecto tenía un problema técnico porque enmienda la Ley 447 que no se puede tocar en 30 años por el asunto de la quiebra de la isla”, explicó Tirado en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Ahora, indicó Tirado, el llamado al primer ejecutivo es a que convoque a una sesión extraordinaria para enmendar el proyecto de la Cámara de Representantes 2071.

“Los fondos para esto están. Ahí hay que buscar una salida. La mejor salida es que el gobernador -en un acto de buena fe como lo hizo con los policías- convoque una (sesión) extraordinaria y coloque el proyecto en ley, y se enmiende y lo convierta en ley. De lo contrario, ellos (el gobierno central) están hablando de alguna orden ejecutiva, pero eso va a ser difícil. No tiene el efecto perpetuo”, afirmó Tirado.

“El gobierno debe demostrar la buena fe que dice tener con los bomberos. No quisiéramos que se repitiera el escenario de la movilización de cientos de bomberos de toda la isla, quienes cesaron sus servicios, para llegar hasta La Fortaleza en reclamo por el aumento de $600″, agregó Tirado.

Tirado dijo que se reunió el viernes con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco; el sudirector de la JSF, Arnaldo Cruz y el director del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, entre otros, quienes le comunicaron que “el gobernador no podía firmar el proyecto porque tenía ese problema técnico”.

En una carta del 16 de agosto dirigida al gobernador, la JSF le indica que el proyecto de ley violenta el PAD certificado por el tribunal federal el pasado 18 de enero del 2022 y sostiene que ya se lo había señalado en una misiva previa del 27 de junio de este año.

La carta indica expresamente que “el proyecto cameral 2071 entra en conflicto con los párrafos 25 y 62 de la confirmación de la orden del tribunal, así como el Artículo 83.4 del PAD”.

“Es imperativo que cualquier acción legislativa sea consistente con el PAD para mantener estabilidad fiscal y mantener los compromisos asumidos en virtud de la misma. Dadas las circunstancias actuales, proponemos programar una reunión en las próximas semanas entre la Junta de Supervisión, el Gobierno y las partes interesadas para discutir alternativas al proyecto 2071 que cumplan con el PAD garantizando al mismo tiempo la responsabilidad fiscal”, continúa la carta.

Pese a varias llamadas de este medio, fue imposible conseguir una reacción de la OGP o la Autoridad de de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

En cambio la portavoz de prensa de La Fortaleza, Michelle de la Cruz, emitió declaraciones escritas.

“Bajo la actual administración del gobernador Pierluisi, se aprobó un aumento de sueldo a la gran mayoría de los servidores públicos, incluyendo a los bomberos; además, el gobernador firmó una ley que eleva el salario base de estos respondedores. En este caso, el gobernador tuvo que vetar la medida principalmente, porque incumple directamente con la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno”, dijo.

El proyecto cameral 2071 establece la creación de un fideicomiso de bomberos para garantizar un retiro de 50% del salario promedio de un bombero a base de los últimos tres años previo a la fecha de retiro.

La fuente para incrementar las pensiones provendría de nuevos recaudos por la certificación de prevención de incendios a alquileres a corto plazo, como lo hacen actualmente las hospederías y hasta las casas rodantes.

“El retiro se va a nutrir de cerca de $40 millones que tienen los bomberos en la Ley 1 y la Ley 2000. Esos fondos van a ir al fideicomiso y posteriormente se va nutrir de las inspecciones de cerca de 40,000 propiedades de alquiler a corto plazo que hay en Puerto Rico que andan por la libre y que no pasan por la inspección de los bomberos como sucede con otros establecimientos con el mismo fin”, destacó Tirado.

Agregó que esperan que con la reunión que haya entre la JSF, el gobierno central y el Sindicato “cambien de opinión y busquemos una salida, que se le haga justicia los bomberos que ahora mismo se van con $300 (mensuales) de pensión que no sirven para una compra”.