Alrededor de 300 trabajadores contratados a través del Departamento de Salud para labores en los 78 municipios quedarán sin empleo a partir de este lunes, 31 de marzo, a raíz de la recién anunciada pérdida de $45 millones en fondos federales en esa agencia estatal, confirmaron por separado alcaldes consultados.

“Ellos son los más que se ven afectados”, sostuvo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González, al señalar que el impacto es abarcador, si se toma en cuenta que se trata de trabajadores que han estado ofreciendo un servicio directo a la población en cada municipio.

“Sabemos que esos fondos federales tenían una fecha de terminación, pero estamos hablando de que se afectan servicios y se queda gente sin empleo”, señaló el alcalde Jayuya.

González, quien representa a los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD), enfatizó que los ejecutivos municipales no han recibido todavía una notificación oficial sobre la eliminación de los fondos, más allá de una llamada telefónica de personal del Departamento de Salud a la Asociación, advirtiendo que la facturación de los empleados será solo hasta el 31 de marzo.

González urgió al secretario designado de Salud, Víctor Ramos Otero, quien este jueves estuvo sujeto a un intenso interrogatorio en Comisión Total del Senado, a mejorar la comunicación con los alcaldes.

Desde el lunes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) –que pertenecen al Departamento de Salud federal– comenzaron a notificar la intención de cancelar $11,400 millones en fondos para mitigar el COVID-19 asignados a gobiernos estatales y locales, así como a organizaciones no gubernamentales e internacionales.

Esa cancelación implicó una pérdida de $45,184,786, de una asignación total de $290,339,790, para atender la emergencia de COVID-19 y otras iniciativas de salud pública en Puerto Rico, indicó, a principios de semana, Ramos Otero por escrito. Pese a varios intentos, el secretario designado no ha estado disponible para responder preguntas de este medio.

Luego que fuera declarada la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020, la asignación de fondos federales permitió crear equipos municipales de rastreo y monitoreo de casos, una medida que fue fundamental para el control de contagios en etapas críticas de la entonces emergencia de salud pública.

La cantidad de trabajadores en estos equipos fue mermando a medida que se controlaban los contagios y muertes, hasta que el 11 de mayo de 2024 se puso fin a la emergencia. La declaración de pandemia, sin embargo, permanece activa por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque ya no existe una emergencia, en Puerto Rico se han reportado 14 muertes asociadas a COVID-19 el último mes, y al menos, 1,128 casos en la última semana.

El Departamento de Salud no ha precisado cuántos trabajadores integran estos equipos actualmente a nivel isla. Pero, tanto González como su homólogo en la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, promediaron unos cuatro por grupo, lo que equivaldría a 312 trabajadores entre todos los municipios.

Además de continuar el monitoreo de casos y proveer pruebas caseras del coronavirus, entre otros servicios asociados a la pandemia, el alcalde de Aguada, Christian Cortés, explicó que estos equipos habían ampliado sus funciones, tomando en cuenta, por ejemplo, la epidemia de dengue.

“Ya el equipo había asumido roles de Oficina de Salud Pública, una primera línea de orientación y cernimiento de enfermedades respiratorias y arbovirales”, precisó Cortés, quien precisó que, en el caso de Aguada, se trata de tres trabajadores que, a partir de este viernes, cesarán en sus puestos.

“En el caso de Aguada, cerramos el viernes la Oficina de Salud Pública”, anotó el alcalde. Cortés indicó que, aunque exista el deseo, para la administración municipal resulta imposible contratar este personal –que es especializado– de manera directa. Cuando se crearon los equipos, por ejemplo, cada uno contaba con un epidemiólogo.

“La realidad es que el municipio no aguanta otra carga presupuestaria”, anotó el alcalde. “Representa otro impacto para aquellos municipios que decidan incluir a los empleados en nómina”.

Sobre este asunto, el presidente de la Asociación de Alcaldes recordó que los ayuntamientos se encuentran en una difícil situación económica y fiscal, y que lidian con asuntos como la eliminación del Fondo de Equiparación.

“Para poder contratar, tenemos que tener los presupuestos y que sea de manera recurrente. No contamos con dinero para hacerlo”, añadió el presidente de la Federación de Alcaldes, que reúne a los ejecutivos del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Hernández indicó que los alcaldes sabían que era cuestión de tiempo, la eliminación de estos equipos, cuya existencia había sido extendida por última vez en diciembre, aunque no había certeza de que las contrataciones continuaran más allá de junio.

Sumado a este asunto, se prevé otro impacto para los trabajadores del sector salubrista en la isla, ya que el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS, en inglés) anunció este jueves una reestructuración significativa que resultará en el despido de 10,000 empleados en Estados Unidos, que se suman a otras 10,000 bajas que se han dado por medio de jubilaciones o renuncias ofrecidas por medio del programa creado por el asesor especial del presidente Donald Trump, el multimillonario Elon Musk.

Las cesantías afectarán a 3,500 empleados de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), 2,400 de los CDC y 1,200 de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). También se afectarán 300 trabajadores de los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS). Aunque el anuncio no especificó el impacto directo en Puerto Rico, los despidos recientes en agencias federales han tenido repercusiones en la isla.