El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió una certificación en la que confirma la ilegalidad de la construcción de una casa y un muelle por los suegros de la gobernadora Jenniffer González en La Parguera, en medio de la polémica por el decreto que emitió el nuevo secretario de esa agencia, Waldemar Quiles Pérez, que legaliza el estatus de las estructuras enclavadas en el litoral de la reserva natural en Lajas.

Según la certificación, con fecha del 15 de enero, “no consta en los récords oficiales” del DRNA que se haya expedido una concesión y/o autorización en virtud del Reglamento 4860 –que, en términos generales, rige el manejo de las aguas territoriales y la zona marítimo terrestre– a favor de José del Carmen Vargas Cortés o Irma Llavona Rivera “para el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo terrestre, entiéndase aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo terrestre, para la construcción, existencia y utilización de una estructura residencial de veraneo, plataforma, terraza y muelle, todo en madera sobre pilotes en ‘PVC’ rellenos de concreto”, localizado en un solar en La Parguera.

El documento sale a la luz pública como parte del caso que se dilucida, en el Tribunal de Mayagüez, contra varios ciudadanos que fueron arrestados, en 2023, durante una protesta contra las construcciones ilegales en la zona.

El licenciado Gabriel Olivieri Miranda, abogado de Sheila Mejía Luciano –esposa del senador Eliezer Molina y una de las manifestantes detenidas en 2023–, corroboró este jueves a El Nuevo Día que “el documento es legítimo y fue expedido ayer (miércoles) por el DRNA”. Agregó que el documento aún no aparece en el expediente del caso, porque hay que esperar a que comience el juicio en la corte mayagüezana.

“Cuando el juicio comience, se presentará ante la juez y se solicitará que sea admitido como evidencia en el expediente del caso”, sostuvo.

El 24 de febrero, se llevará a cabo una vista argumentativa ante el juez Richard Rosado, para discutir una solicitud de los abogados de defensa para la desestimación de las acusaciones, explicó Olivieri Miranda. “Luego de eso, si no se desestima, entonces, el juicio comenzaría en otra fecha en la sala de la jueza Vilmary Rodríguez Pardo”, abundó.

Abordada sobre el tema en una conferencia de prensa en La Fortaleza este jueves, la gobernadora expresó que la certificación “no tiene nada que ver” con la investigación que realizaba el DRNA. Opinó, además, que el documento no impide a sus suegros que ocupen el lugar en disputa.

“Esa certificación lo que evidencia es que la propiedad está inscrita en el inventario de propiedades de La Parguera del Departamento de Recursos Naturales, así que eso es una certificación de que está en el registro de ellos”, indicó González, sin abundar en a qué se refería.

“Lo segundo, es que el Departamento de Recursos Naturales no otorga títulos de propiedad, ellos no tienen el catastro o el registro de títulos de propiedad, y esa escritura está, es una escritura pública, donde hay un título de propiedad sobre esa, valga la redundancia, propiedad. Así que, para mí, esta certificación no tiene… cuál es el elemento que se toma en consideración, no tiene nada que ver con el caso ni lo que se está hablando”, agregó.

La certificación contiene las firmas de Javier Ramos Ortiz, especialista en consultas y endoso de la División de Bienes de Público Marítimo Terrestre, y Nelson Velázquez Reyes, director interino del Negociado de Permisos del DRNA.

Hace una semana, a horas de que la gobernadora anunciara su designación, Quiles Pérez firmó una orden administrativa en la cual dispuso archivar los casos relacionados con construcciones ilegales en La Parguera, al considerar que se han “convertido en académicos”. La orden también autorizó el mantenimiento y la reparación de propiedades privadas ubicadas en la zona marítimo terrestre.

Con dicha acción, el secretario –cuya designación será evaluada ahora por el Senado– dejó sin efecto, entre otras posibles investigaciones, la pesquisa que el DRNA llevaba a cabo contra los suegros de González, por la presunta construcción ilegal y daños en la reserva natural.

El domingo, ante cuestionamientos sobre el proceder del titular designado del DRNA y la legalidad del documento, González defendió la movida y felicitó a Quiles Pérez por hacer “lo que tenía que hacer, en términos de terminar con un limbo que existe para todos estos residentes”.

“La información que tengo es que (la orden administrativa) se había preparado en la agencia, así que desconozco quién la preparó en la agencia o qué división, pero cuando se la llevó a la (pasada) secretaria (Anaís Rodríguez Vega), ella se negó a firmarla, pero se la prepararon sus propios empleados. Así que yo sé que la gente recibía instrucciones políticas en aquel momento. Papá Dios es tan justo, Papá Dios es tan bueno, que esa orden estuviera hecha allí por empleados de la agencia, y que la entonces secretaria se negara a firmarla, es la mejor muestra de que esto tenía nombre y apellido”, planteó González, en ese momento, al ser abordada por la prensa.

Aunque, en declaraciones escritas enviadas el viernes pasado, Quiles Pérez alegó que la orden administrativa “fue redacta y preparada por la administración anterior”, El Nuevo Día supo que el borrador existente al momento del cambio de gobierno difería del decreto firmado en varios puntos, incluyendo el inciso 3(f) en el que se dispone el archivo de los “casos relacionados”.

El borrador había seguido un tracto irregular, toda vez que no se originó en la oficina de Rodríguez Vega, sino que se le remitió en las semanas finales del cuatrienio.

Una fuente del DRNA aseguró que “ninguna” de las residencias enclavadas en el litoral de La Parguera cuenta con una concesión autorizada bajo el Reglamento 4860, bajo el que la agencia puede emitir permisos para la ocupación privada de espacios en la zona marítimo terrestre, siempre y cuando su propósito esté atado al uso del agua, como podrían ser los muelles o marinas.

Mientras, el senador Molina, una de las figuras más vocales sobre la controversia, se expresó en sus redes sociales luego de también publicar la certificación del DRNA.

“El Departamento de Recursos Naturales, la agencia que dirige la gobernadora de Puerto Rico, acaba de emitir la certificación donde indica que la caseta de los suegros de Jenniffer González, de la gobernadora, es ilegal. No tienen concesión, no tienen título de propiedad, es una invasión donde se está teniendo un aprovechamiento ilícito de los bienes de dominio público por un privado”, comentó Molina, en un vídeo.

---

Manuel Guillama Capella colaboró en esta historia.