Eliminar las metas intermedias de energía renovable y redefinir el concepto de fuentes limpias, posponer el cierre de la cogeneradora AES (carbón) y decretar un estado de emergencia por no menos de 10 años son algunas de las recomendaciones iniciales que presentó el Comité de Transformación Energética creado por la gobernadora Jenniffer González para atender la crisis de este sector.

El listado de propuestas enviadas este miércoles, en un enrevesado comunicado de prensa, señala, por un lado, que “el consenso (entre los integrantes del grupo de trabajo) es mantener la fecha para alcanzar el máximo de energía renovable en el futuro (actualmente 2050), pero eliminar las metas intermedias de porcentajes específicos para 2025, 2030 y 2040”. El parte de prensa no precisa a qué se refiere con el objetivo de 2030, toda vez que la política pública vigente dispone una meta de 40% de energía renovable para el 2025, seguido de un 60% para el 2040, en ruta al 100% que se ordena alcanzar a 2050.

A continuación, sin embargo, La Fortaleza sostiene en que las recomendaciones apuntan a que “el objetivo no sea tanto (alcanzar un sistema) ‘100% renovable’ como el de lograr un sistema descarbonizado o ‘carbon-neutral’ y las métricas sean basadas en un progreso medible hacia la reducción de CO2 (dióxido de carbono) y no en que tenga que ser X% de (energía) solar o viento”.

Al presente, la Ley 82-2010 define como alternativas de “energía renovable sostenible” la producción a base del sol, viento, geotérmica, biomasa renovable, combustión de gas o biocombustibles derivados de biomasa renovable, las hidroeléctricas y la hidrocinética o marina.

González, así como el recién designado zar de Energía, Josué Colón, han expresado públicamente su inclinación a procurar enmiendas, tan pronto como en la primera sesión legislativa, a los objetivos de energía renovable instituidos actualmente en ley, bajo la premisa de que urge facilitar la estabilidad a corto plazo de la flota de generación eléctrica. Actualmente, cerca del 5% de la energía que transmite la red proviene de fuentes limpias, incluyendo la que producen los consumidores participantes del programa de medición neta.

Tan reciente como la semana pasada, la secretaria saliente del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés), Jennifer Granholm, advirtió el peligro que, a su juicio, supone modificar sustancialmente los objetivos intermedios de energía limpia.

La primera ejecutiva también parece haber acogido el planteamiento que Colón trajo a la mesa, durante las vistas de transición gubernamental, cuando –en carácter de director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)– señaló que la administración entrante debía reconsiderar la salida de la cogeneradora AES, en Guayama. A partir del 1 de enero de 2028, entra en vigor la prohibición estatutaria a la generación de energía a base de la quema de carbón, coincidiendo con la expiración del contrato que AES suscribió con la AEE en la década de 1990.

A tono con esa visión, el Comité de Transformación Energética recomendó “enmendar el requisito del cierre de la generación con carbón en 2027 para que el mismo sea condicionado a que se esté en proceso de sustituir directamente con otra fuente, ya sea por conversión o reemplazo de las unidades, de modo que, según se instala esa nueva capacidad, se va eliminando el uso del carbón”.

La sección 2.3 de la Ley 82-2010 –aplicable únicamente a AES– dispone que “se podrá sustituir la capacidad de generación existente a base de carbón por capacidad de generación de energía utilizando otras fuentes que cumplan con la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, mediante la extensión de contratos y/o renovación de permisos existentes basados en la nueva fuente de generación”, siempre y cuando se cuente con la autorización del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

En 2023, sin embargo, el NEPR rechazó un intento inicial de AES y la AEE de enmendar el contrato de la empresa para dar paso a la sustitución de la generación a base de la Ley 82.

De otra parte, el informe incluye, entre sus recomendaciones, “extender estado de emergencia energético por 10 años o que sea permanentemente”, sin abundar sobre los objetivos que podrían lograrse a partir de una declaración tan prolongada.

En sus primeros días como gobernadora, González solicitó al presidente Joe Biden que declare un estado de emergencia a nivel federal por la situación energética de Puerto Rico. Paralelamente, la mandataria ha solicitado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el DOE que den paso, de forma expedita, a autorizaciones y financiamiento dirigido a atender a corto plazo las deficiencias del sistema de generación.

Aunque González cuestionó, antes de jurar como gobernadora, el contrato que su predecesor Pedro Pierluisi extendió al consorcio Energiza para el desarrollo de una nueva planta generatriz de gas natural licuado, el comité que designó avaló “proceder con conversiones de plantas existentes o instalación de nuevas unidades a base de gas/H2 (hidrógeno)/combustibles flexibles y baterías de almacenaje para estabilizar la carga base y expandir la reserva para tener el servicio en funcionamiento en períodos de alta demanda, en lo que las nuevas tecnologías renovables se expanden”.

La planta de Energiza, con capacidad para producir 478 megavatios, debe entrar en servicio para verano de 2028, según el contrato adjudicado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) en diciembre. La semana pasada, González designó a Colón director ejecutivo de la AAPP, cargo que desempeñará junto al rol de zar de Energía, que creó mediante orden ejecutiva.

Previamente, González ha indicado que, tras emitir sus recomendaciones asociadas al componente de generación, el Comité de Transformación Energética se concentraría en la red de transmisión y distribución, que desde 2021 maneja LUMA Energy.