A pesar de que ha reclamado que no hay suficiente personal en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la secretaria Ana Escobar Pabón aprobó reubicar a 71 empleados de la agencia que -hasta el 31 de diciembre- se mantienen laborando para la Asamblea Legislativa, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el Departamento de Hacienda y los municipios de Cabo Rojo, Utuado y Yauco.

De los 71 empleados en destaque, 35 son oficiales correccionales, indicó Escobar Pabón a preguntas del licenciado Marcos Rodríguez Ema, miembro del comité de transición entrante, quien, a su vez, cuestionó esta práctica.

“Oficiales correccionales en este tipo de agencia que usted está mencionando, no veo qué hacen allí. Por lo que usted ha dicho hay una necesidad de personal en el sistema y tenemos 71 afuera”, señaló.

Según la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” (Ley 8-2017), el destaque es la asignación temporera de un funcionario o empleado de una agencia o municipio a otra agencia. El funcionario o empleado continúa ocupando el mismo puesto y devengando la misma remuneración de la agencia de donde proviene, por lo que conserva todos sus derechos laborales.

“Por lo que usted está vertiendo para récord, estarían dando un mejor servicio y mayor productividad en la agencia suya, donde ustedes realmente los necesitan, más que Hacienda, más que un municipio o más que la CEE”, señaló el presidente del comité de transición entrante, Ramón Luis Rivera Cruz.

“Podría quitar herramientas, pero estamos en un equipo de trabajo de colaboración”, alegó la titular, quien se destacó como coordinadora de movilización en la campaña primarista del gobernador saliente Pedro Pierluisi.

Rivera Cruz sostuvo que el concepto de movilidad es favorable para promover la colaboración entre agencias gubernamentales, pero cuestionó la efectividad de esta política pública en una agencia como el DCR. “Lo que hay que ver es la prudencia. ¿Cuánto es el beneficio? ¿La agencia que estoy dirigiendo está en condiciones de enviar personal a otro lugar en destaque? Ahí es donde está la discreción propia y correcta de un buen administrador”, aseveró Rivera Cruz.

Corrección, según cifras oficiales, cuenta con 6,009 puestos de trabajo ocupados: 1,537 son empleados civiles y 4,472 laboran para el área de seguridad. Mientras, la población de confinados alcanza los 7,315.

Culminada la ponencia de Escobar Pabón, los miembros del comité coincidieron que la agencia “va a requerir muchos cambios”.

“Notamos unas fallas administrativas considerables, una falta de política pública y toma de decisiones cuestionables... Esto es una agencia que la nueva administración va a tener que mirar con detenimiento y ver qué cambios dramáticos se pueden hacer”, expuso Rivera Cruz.

Aunque alegó que contaba con la información actualizada, Escobar Pabón no pudo proveerle al comité de transición estadísticas actualizadas sobre fugas y capturas, detección de drogas, muertes en las cárceles, reincidencias y registros e incautaciones. Todos estos informes tienen retrasos de entre dos y siete años en su radicación. Cerca de las 5:00 p.m. del lunes, ninguno de los documentos había sido entregado, dijo Rivera Cruz.

“Puedo asegurar, con el secretario auxiliar, de que están listos los informes. Así que los vamos a subir a la plataforma y se los vamos a entregar al comité entrante”, expuso Escobar Pabón.

Otro punto que cuestionó el comité fue la ausencia de un plan para mantener el aumento salarial de $500 mensuales otorgado a los oficiales correccionales a través del uso de fondos federales de emergencia otorgados a raíz de la pandemia de COVID-19, conocidos ARPA, que culminan en el 2025. “El consenso que vimos es que este Departamento necesita cambios dramáticos, profundos y que anda manga por hombro”, señaló el miembro del comité de transición entrante Jorge Colberg Toro.

Escobar Pabón aseguró también este lunes ante los miembros del comité de transición entrante que, antes de abandonar su cargo, decidirá el futuro de los ocho empleados de la agencia que se enfrentan a una posible destitución, luego que una investigación administrativa relacionada con la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez revelara que pudieron haber violentado leyes y reglamentos de la dependencia.

“Es una responsabilidad mía y la voy a tomar yo”, aseveró la funcionaria, ante preguntas de Colberg Toro, quien le cuestionó si tomaría alguna decisión antes de 31 de diciembre o si, por el contrario, dejaría el asunto en manos de su sucesor o sucesora.

Tanto el Departamento de Justicia como el DCR investigaron los pormenores que rodearon la liberación de Ávila Vázquez, quien fuera excarcelado, en 2023, al amparo de la Ley 25-1992, que beneficia a reos con enfermedades incapacitantes severas. Ahora, el convicto enfrenta una nueva condena de 102 años por el feminicidio de Ivette Joanne Meléndez Vega, el cual presuntamente cometió el pasado 22 de abril, en Manatí.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, publicada este lunes, Escobar Pabón dijo que, hace poco más de dos semanas, recibió el informe final del oficial examinador con las recomendaciones disciplinarias contra los ocho empleados señalados en el caso de Ávila Vázquez, pero aun no se habían tomado medidas. Entre los trabajadores hay técnicos de servicios sociopenales, una enfermera, el supervisor del Programa de Comunidades y el director del Programa de Desvío Comunitario.