La propuesta legislativa de la gobernadora Jenniffer González para establecer unas “guías de fianza mandatorias” en los casos de delitos violentos graves resultaría improcedente porque tiene visos de inconstitucionalidad, representa una “intromisión” del Poder Ejecutivo con la Judicatura y no contribuye a disminuir la criminalidad, opinaron, por separado, tres abogados consultados por El Nuevo Día.