La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) logró identificar 399 de los 429 cadáveres que llegaron a la agencia, en 2024, bajo la clasificación de “John Doe” o “Jane Doe”, un término que se utiliza para distinguir a aquellos cuerpos con identidad desconocida.

Dentro de esas 399 identificaciones, 156 se hicieron visualmente, 18, utilizando métodos circunstanciales y 225, de manera científica. Bajo ese último renglón, 154 se lograron con el uso de huellas dactilares, 29 por prueba de ADN, 24 a través de radiografías dentales, dos por Rayos X corporales o “CT Scan” y 16 por antropología forense.

El método no circunstancial se utiliza solo en escenas no violentas e implica el uso de, por ejemplo, facturas y expedientes médicos.

“Queremos hacer lo que es el impacto en la sociedad, proveerles cierre a estas familias de personas desaparecidas, pero también brindarles justicia. La identificación humana no es un proceso nada más técnico, sino también un proceso de justicia y humanidad”, señaló la antropóloga forense Meisshialette Ortiz, directora de la UIH.

De los 30 cadáveres sin identificar, la también antropóloga forense Damara Guevara Morales explicó que solo 22 corresponden a restos humanos; el resto son animales. De esos 22, nueve están en proceso de identificación por ADN y los restantes se han complicado ante la ausencia de familiares.

“Lo ideal es que todos los casos se identifiquen, pero 22 es un número que, comparado con las métricas nacionales, es infinitamente bajo”, añadió, por su parte, la directora del ICF, la doctora María Conte Miller.

LA UIH se instituyó formalmente, en agosto, con el objetivo de optimizar los procesos de identificación permitiendo una investigación más minuciosa. Junto a la formación del equipo, que cuenta con antropólogas forenses, investigadores de campo, y un experto en huellas dactilares, la agencia ha adquirido tecnología para alcanzar sus objetivos.

Ortiz, sin embargo, forma parte del ICF desde el 2022.

Entre 2019 y 2022, el ICF dependió del trabajo voluntario de antropólogos forenses de instituciones en Estados Unidos para analizar las osamentas recibidas, lo que suponía un tiempo de espera adicional para las familias y la presentación de casos criminales ante los tribunales.

La tecnología adquirida incluye el CT Scan Post Mortem, que hace una visualización no invasiva de los restos; el FARO Scan Arm, para la reconstrucción facial forense; y Rapid DNA, una herramienta que permite analizar el material genético en 90 minutos.

“Ese conjunto de elementos, todos puestos juntos, es lo que determina que haya un mejor resultado en cuanto a esos casos complejos para identificación. Siempre van a quedar casos que no se van a poder identificar”, sostuvo Conte Miller, al recordar un caso de una persona que había fallecido ahogada y se logró identificar gracias al hallazgo de parte de los intestinos.

Otras herramientas que han sido vitales son las plataformas Namus y ViCAP. La primera es una base de datos de casos de personas desaparecidas no identificadas y no reclamadas en Estados Unidos. Aquí, el ICF, como parte de colaboraciones, puede incluir información local.

ViCAP, de otra parte, es un sistema que se utiliza de la mano con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y, a diferencia de Namus, solo analiza y almacena información sobre casos criminales, como homicidios y agresiones sexuales. Asimismo, permite identificar patrones de comportamiento criminal y posibles conexiones entre casos.

Sin afectar los trabajos diarios, el equipo del UIH se ha dado a la tarea de revisitar los expedientes previos al 2024 que permanecen bajo la categoría de “John Doe” o “Jane Doe”, incluidos 118 casos que responden al 2018, posterior al paso del huracán María.

“A finales del 2017, mucha gente se quedó sin acceso e, incluso, las autoridades se quedaron sin acceso para poder transportar los cadáveres al ICF, y por eso vemos el alza en el 2018 de personas no identificadas”, expresó Guevara Morales, al recordar el paso del fenómeno atmosférico por la isla.

En promedio, anualmente quedan entre 20 y 40 cadáveres sin identificar. Por ejemplo, en 2017 dicha cifra ascendió a 28 y, en 2019, a 45.

Tras el impacto del huracán, distintas áreas del país permanecieron incomunicadas por semanas y el servicio de energía no se restituyó en un 100% hasta pasado el año de la tragedia. Entonces, las neveras de cadáveres del ICF llegaron a su capacidad máxima y la agencia tuvo que recurrir a colocar un vagón en la parte posterior de las instalaciones centrales para almacenar los cuerpos.

“Para hacer una identificación rápida y visual, que debe ser la mayoría de los casos, hay que tener una operación ágil donde el cadáver sea examinado en un tiempo prudente... para que no ocurran cambios de descomposición”, expuso, por su parte, Conte Miller.

La Ley 135 de 2020 dispone un plazo de 10 días para disponer de cadáveres no reclamados. No obstante, antes de llegar a ese momento, el ICF preserva información esencial de la persona fallecida que puede incluir huellas dactilares, muestra de sangre o un fragmento de hueso. También, una vez identificados, se le entrega a la familia las cenizas.

“El patólogo tiene que estar 100% seguro de que su investigación la puede concluir con la información que se ha preservado”, señaló Guevara Morales.

El caso más antiguo que ha logrado resolver la UIH desde su formación responde a una persona fallecida en 1993. Se trata de un hombre que estuvo confinado en Estados Unidos. Aun no se ha logrado contactar a posibles familiares.

Semanalmente, el ICF publica en su portal electrónico un listado de los cadáveres no reclamados junto con la fecha en la que se podrá disponer de los mismos. Para más información, puede acceder a: icf.pr.gov