Mientras las autoridades federales conducen una pesquisa por un supuesto esquema de fraude y sobornos en el Departamento de Educación (DE), la agencia frenó una revisión contractual que hubiese concedido más fondos a Innovative Solutions Inc. (Insol), una de las tres empresas que supuestamente está bajo la investigación que involucra también al senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.

Finalizada la administración de Pedro Pierluisi y tan reciente como en enero, quedaron pendientes y encaminadas por la exsecretaria de Educación Yanira Raíces enmiendas a los contratos de Insol para darle más dinero y tareas que, tras un análisis de la administración actual, resultaban “innecesarias”.

Por ello, empleados del DE en las oficinas de presupuesto, asuntos federales y recursos humanos pusieron un detente a las enmiendas, indicaron tres fuentes bajo condición de anonimato.

“Los contratos, en ciertas áreas del Departamento, son modificados y ajustados según las necesidades de la agencia o del programa que lidera el servicio. Estas modificaciones se realizan tras una evaluación de las necesidades y siguiendo los trámites correspondientes. Es importante recordar que, en su mayoría, estos servicios y/o empresas son adjudicados mediante procesos competitivos”, indicó, por su parte –y en declaraciones escritas–, el secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, cuando El Nuevo Día le preguntó por qué se habían modificado las cuantías o contratos con la empresa Insol.

El titular del DE no estuvo disponible para entrevista.

Contactado por este medio, el vicepresidente de Insol, Julio César Muñoz Ayala, optó por contestar preguntas por escrito. “En los procesos gubernamentales, es común que los clientes soliciten requisitos que conlleven enmiendas a los contratos. Sin embargo, Insol no busca enmiendas”, sostuvo.

Al preguntársele si se reunió con Raíces, Ramos Parés u otro personal del DE para hablar de enmiendas a sus contratos, respondió: “Como parte de la ejecución de nuestros servicios, nos hemos reunido con todos los secretarios de Educación de turno. Estas reuniones tienen como objetivo discutir asuntos relacionados con los servicios que ofrecemos, los cuales no se limitan únicamente a la contratación, sino que también incluyen los entregables”.

Raíces, por su parte, aunque contestó una llamada de El Nuevo Día, dijo que no podía responder preguntas, en ese momento, por estar “entrando a una reunión”.

Además de Insol, están en la mira de un gran jurado, desde 2022, la compañía AKA Electrical Engineering & Contractors Inc., y Bella Sofía Contractors. La pesquisa gira en torno a un supuesto esquema de financiamiento ilegal de campañas políticas, contratación irregular, enriquecimiento personal y malversación de fondos federales asignados al DE. Según la investigación, esos fondos habrían sido desviados a través de empresarios favorecidos con contratos a cambio de pagos ilícitos (“kickbacks”).

Luis Fidel Robinson Meléndez, ejecutivo de la empresa AKA Electrical, tiene un acuerdo colaborativo, reseñado por este diario, mediante el cual reveló que la empresa cobró por servicios no ofrecidos y pagados por el DE, cuyos fondos presuntamente fueron a parar a “individuos afiliados con la campaña política” de Pierluisi y de Sánchez Álvarez. El documento establece que esa empresa debe restituir $48,965.

“Él no se encuentra”, respondió una empleada de AKA Electrical Engineering & Contractors Inc, ubicada en Naguabo, cuando se le preguntó por Robinson Meléndez por segundo día consecutivo.

Sánchez Álvarez igualmente prefirió no expresarse sobre el tema, indicó su portavoz de prensa, Sheila Angleró.

Las enmiendas que estaban sobre la mesa en el DE buscaban que Insol creara una interfase con el sistema de la Administración de Servicios Generales y su catálogo de compras. Otro cambio propuesto se relacionaba con la plataforma socioemocional de la agencia por una cuantía de $200,000. Ese sistema documenta todo lo que hacen los trabajadores sociales, sicólogos, consejeros y enfermeras del DE, precisaron las fuentes.

También Insol buscaba enmiendas contractuales respecto a una plataforma que maneja el Programa de Carrera Magisterial y un módulo de planes de trabajo a través del sistema financiero del DE. “Pero todo ese trabajo ya se hace a nivel interno en el DE”, reveló una de las fuentes.

Al momento, Insol tiene como cabildero a Elías Sánchez. El vicepresidente de la empresa aclaró que, durante el período que se señala como objeto de la pesquisa federal, Sánchez no los representaba “ni tuvo injerencia alguna en contrataciones ni enmiendas”.

Por su parte, Elías Sánchez no contestó llamadas de este diario.

De acuerdo con la Oficina del Contralor, la empresa tiene vigentes tres contratos con el DE, que totalizan $4,473,254.90. El más cuantioso es por $3,569,499, para servicios relacionados con los sistemas de información. Fue originado por Raíces en 2024 y tiene tres enmiendas que totalizan $936,400. La última, por $328,000, es la única firmada por Ramos Parés en febrero.

AKA Electrical Engineering & Contractors Inc. ya no tiene contratos con el DE, mientras que Bella Sofía posee tres contratos con la agencia que totalizan $5,606,536.96.

En tanto, la gobernadora Jenniffer González dijo este martes desconocer sobre la pesquisa federal o acuerdos de colaboración, pero aseguró que dio instrucciones para “que, cada vez que haya cualquier tipo de investigación, todos los jefes de agencia tienen que colaborar”.

Agregó que no ha verificado con el Departamento de Justicia local si hay alguna pesquisa que incluya al senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) y tampoco se ha comunicado con él.

En cambio, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, dijo que cuestionó al senador por el distrito de Carolina, y él negó cualquier ilegalidad. “Si fuera acusado, se tiene que ir, por supuesto que sí, se tiene que ir él y el que sea”, enfatizó, sin embargo, el líder legislativo.

Sánchez Álvarez es un maestro paisajista que ha sido protagonista de varias controversias relacionadas con sus gestiones públicas y políticas. Este es su primer cuatrienio ocupando un escaño en el Senado.

El 11 de abril del 2023, mientras tenía una licencia sin sueldo para trabajar en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, creó la empresa Advisors Consulting LLC. Sin perder su puesto de carrera en el DE, pasó a ser contratista del gobierno.

Según la Oficina del Contralor, su empresa obtuvo tres contratos con la Autoridad de Tierras, de mayo de 2023 a junio de 2025. El más reciente, del 10 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, fue por $60,000.

“No ha sido cancelado, y sigue vigente”, informó la Oficina del Contralor cuando se indagó, en días recientes, por el status de ese contrato, ya que Sánchez Álvarez fue electo senador el 5 de noviembre.

El 30 de diciembre del 2024, Sánchez Álvarez disolvió la empresa, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado. Pese a que se solicitó por más de tres días, La Fortaleza no proveyó un contacto de la Autoridad de Tierras para conocer por qué no se ha cancelado el contrato.

La Ley de Registros de Contratos (Ley 18 del 30 de octubre de 1975) y el Reglamento 33 de la Oficina del Contralor establecen que todas las agencias y los municipios deben registrar los contratos “15 días siguientes a la fecha de otorgamiento del contrato o de una enmienda”.

“Aquí, el pecado, como quien dice, es que la Autoridad de Tierras no lo ha cancelado. Desgraciadamente, yo no tengo fuerza para hacer nada, excepto señalar”, dijo la contralora Yesmín Valdivieso.

Agregó que el riesgo es que, como los contratos están atados a cuentas del gobierno, pueden hacerse pagos que no proceden y luego la Contraloría se ve obligada a encaminar el recobro del dinero.

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Leysa Caro González colaboró en esta historia.