Ante la preocupación que impera entre la comunidad dominicana por la ola de deportaciones como parte de la política antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump, el Departamento de Educación publicó este viernes un protocolo para responder ante la posible llegada de personal de seguridad de agencias federales o estatales a las escuelas públicas de Puerto Rico.

“La seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar es una prioridad. Este protocolo es el resultado de varias reuniones de trabajo, intercambio de información y colaboración entre agencias, con el fin de establecer normas que protejan los derechos de nuestra comunidad escolar y aseguren un ambiente educativo seguro y estable”, indicó, en declaraciones escritas, el comisionado de Seguridad de Educación, César González.

El documento, titulado “Protocolo para el manejo de información e intervención con personal y estudiantes ante la posible llegada de personal de seguridad de agencias federales o estatales”, dispone los pasos que el personal docente y administrativo deberá seguir ante la llegada de personal de agencias –como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés)– para intervenir con personal o estudiantes, tales como “solicitar credenciales de identificación de los agentes para autentificarles” y “solicitar copia de cualquier orden judicial o citación debidamente firmada por un juez”.

“No se brindará acceso o proporcionará información solicitada sobre estudiantes menores de edad ni la asistencia o ubicación de estos sin la previa autorización de los padres, madres, tutor, superintendente regional y la Oficina de Asuntos Legales” de Educación, dispone.

“De recibir la aprobación por parte del equipo legal y superintendente regional para proceder con la intervención, el director escolar o encargado de la escuela localizará al empleado o estudiante para llevarlo a una oficina donde se garantice la privacidad necesaria. Esto, con el fin de asegurar ese derecho y que se facilite el proceso, asegurando la salud emocional tanto del intervenido como del resto de la población escolar”, prosigue el protocolo, de siete páginas.

Agrega que “ningún menor podrá ser interrogado o entrevistado sin contar con la presencia de sus padres, con patria potestad o encargado legal y/o, en su defecto, por la representación diplomática del país de procedencia”. Dispone, además, que el menor no podrá ser detenido de no mediar una orden judicial y la Oficina de Asuntos Legales de Educación “deberá certificar que procede conforme a derecho”.

En caso de tratarse de un empleado, cualquier proceso de entrevista o detención no podrá llevarse a cabo en presencia de menores presentes en el plantel.

El protocolo –desarrollado en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (“Homeland Security”) y el Consulado de la República Dominicana en Puerto Rico– también incluye los pasos a seguir en caso de que una agencia realice una solicitud de información del personal o estudiantes. Igualmente, establece un plan de apoyo emocional para el personal, estudiantes y comunidad escolar que se vea afectada por alguna intervención de las autoridades.

La presentación del protocolo se llevó a cabo en una reunión con varios directores de la Región Educativa de San Juan, miembros de la comunidad dominicana y el cónsul del país vecino en Puerto Rico, César Cedeño.

“Agradecemos al cónsul César Cedeño y a las agencias colaboradoras por su compromiso en la creación de un protocolo que ofrece claridad y protección a nuestra comunidad escolar. Este esfuerzo es solo el comienzo de una serie de iniciativas que fortalecerán las escuelas de la Región Educativa de San Juan y otros planteles, asegurando mejores recursos y apoyo para los estudiantes y el personal”, dijo, por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

El documento, redactado por la Oficina del Comisionado de Seguridad en conjunto con la División Legal y la Secretaría Auxiliar de Apoyo Integrado de Educación, se integrará al Plan Operacional de Emergencias de cada escuela y será discutido con todo el personal docente y administrativo para asegurar su implantación.

La directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González Ramos, ha reiterado que las autoridades no entrarán a los planteles. Sin embargo, Ramos Parés ha señalado que “estamos trabajando bajo el marco de las normas y leyes que se emiten desde Washington D.C., desde donde se regula el aspecto migratorio”, al tiempo que ha reconocido altos niveles de ausentismo en escuelas de San Juan en las que hay una gran concentración de dominicanos.