Quienes interesen adoptar menores bajo la custodia del Departamento de la Familia pueden realizar el trámite, desde ahora, de manera digital a través del Registro Estatal Voluntario de Adopción (REVA) en lugar de acudir personalmente a las oficinas de la agencia.

El REVA -al que se accede a través del portal https://adopcion.familia.pr.gov- es un sistema digitalizado que permite identificar familias o individuos interesados en la adopción. Previo a esta alternativa digital, los trámites en ese registro se realizaban de manera presencial en las oficinas del Departamento de la Familia.

“La intención es facilitar el acceso de todas las familias potencialmente adoptantes a través de un sistema seguro y confidencial que logre que más menores puedan sentirse en el calor de un hogar, en un ambiente saludable y se conviertan en mujeres y hombres de bien”, destacó la gobernadora Jenniffer González en una conferencia de prensa.

Al momento de la conferencia de prensa, no se precisó el costo de desarrollar la nueva plataforma. La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, se comprometió en proveer la información, lo que no se produjo al cierre de esta edición.

El REVA contiene información sobre menores con plan de adopción y familias adoptantes organizadas por orden de solicitud y evaluación. El Departamento de la Familia usa la información para facilitar la identificación de las familias adecuadas para los menores a ser adoptados.

Al mismo tiempo, la mandataria anunció que presentará legislación para enmendar la “Ley de Adopción” (Ley 61-2018) con el objetivo, entre otras cosas, de establecer que solo a través del Estado se pueden hacer entregas voluntarias de menores.

Mientras ocupó un escaño en la Cámara de Representantes, la gobernadora fue la autora de la “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción” (Ley 186 del 2009), que fue derogada y sustituida por la vigente.

González precisó que, entre otras cosas, el proyecto de ley que presentará prohibiría dar en adopción, de manera voluntaria, menores provenientes de Estados Unidos sin que se pueda probar con certeza su procedencia, familia y si, en efecto, sus progenitores consienten la entrega.

La gobernadora comentó que, con la medida, busca “evitar la trata humana”, pero, a preguntas de este medio, sostuvo que solo se ha reportado un caso de este tipo presentado como una entrega voluntaria.

La entrega voluntaria es el consentimiento pleno de los progenitores o tutores legales de un menor de ceder la custodia de manera permanente.

Por años y dependiendo de cuál sea el gobierno de turno, ha habido distintos acercamientos en términos de política pública al tema de la adopción, respecto a si se prioriza la reunificación o, por el contrario, se le da énfasis al menor y se aminoran los intentos para que regrese con su familia biológica.

“La intención de nuestra administración va a ser siempre el mejor interés del menor, el mejor bienestar del menor”, puntualizó González.

La gobernadora también dijo que, como parte de las enmiendas que propone, se auscultaría con los menores a ser adoptados -que tengan edad suficiente- si desean retener sus apellidos.

Actualmente, precisó González, hay más de 2,000 menores bajo la custodia del Departamento de la Familia. De estos, 1,078 están bajo una custodia provisional de la agencia y otros 907 bajo custodia permanente. De los 907, unos 261 menores están en planes de adopción, resaltó la primera ejecutiva.

Precisó que la mayoría de los menores disponibles para adopción son mayores de 7 años porque muchas personas prefieren adoptar infantes.

“Vamos a hacer una campaña (publicitaria) de adopción para todos los menores que lleguen aquí (Familia), no solamente los mayores de 10 años, sino también los menores con condiciones de salud que están en hospitales o que conllevan un cuidado prolongado”, sostuvo la gobernadora.

Nancy Martínez, especialista en trabajo social del Departamento de la Familia, indicó que, a cada familia o persona que adopta, se le concede lo que se denomina una “adopción subsidiada”, que es una ayuda económica de $500 en adelante a tono con la edad del menor adoptado hasta que cumpla 21 años.

Además, la gobernadora anunció que el Departamento de la Familia está reclutando 350 trabajadores sociales con un salario base mensual de $2,850, más un diferencial de $570 por trabajar en las Unidades de Investigación Especializada. Estas son las áreas que investigan los referidos por posible maltrato, ya sea a menores o adultos mayores.

Los trabajadores sociales, enfatizó González, deben tener licencia profesional y licencia de conducir vigente.