A una semana de visitar Washington D.C. para promover la estadidad para Puerto Rico y otras gestiones, la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, aseguró este domingo que, como resultado de esa misión, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés) modificó algunos requisitos para el manejo de los fondos asignados a la isla bajo el programa de Subvenciones en Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG, en inglés).

“Aquellos proyectos que se estén llevando a cabo en agencias que tienen su contraparte federal, y los proyectos han pasado por evaluaciones ambientales de esas agencias federales, nos están eximiendo de, posteriormente, pasar por ese NEPA (en inglés, Ley Nacional de Política Ambiental) federal, a tener que (luego) ir a HUD, lo que provocaba que se extendieran las evaluaciones ambientales de estos proyectos”, explicó la funcionaria, en conferencia de prensa en La Fortaleza.

Precisó que algunas de las agencias o dependencias que cualifican para la eliminación de ese requisito son el Departamento de Salud, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, entre otras.

“Esa exención de eliminar esa evaluación de HUD nos va a ayudar grandemente porque, no solo nos acorta los costos administrativos, sino también el tiempo en que estas evaluaciones ambientales puedan salir”, afirmó la secretaria.

Según Pérez Peña, HUD también accedió a que los 27 municipios catalogados como “entitlement” o autorizados en la isla, es decir, que ya han sido designados como cualificados para recibir fondos federales, podrían hacer la gestión directa con la agencia federal para acceder a los fondos CBDG sin la intervención del Departamento de la Vivienda local. Puntualizó que esto permitiría que los municipios sean su propio certificador, en lo que las autoridades federales denominan como “certified officer” o funcionario certificado.

“Ya mañana (el lunes) estaríamos enviando las cartas a los 27 alcaldes para saber cuántos de ellos quieren estar participando de tener su propio ‘certified officer’”, apuntó Pérez Peña.

“El alcalde de Bayamón (Ramón Luis Rivera Cruz) ha sido bien vocal en cuanto a esto”, agregó.

Sin embargo, no precisó si se eliminan o pasarían a los gobiernos municipales los contratos que mantiene Vivienda bajo el programa CDBG, con millones de dólares en fondos federales asignados a empresas privadas para ayudar con la administración.

Tampoco detalló qué pasaría con los restantes 51 municipios que no podrían optar por ese proceso.

Igualmente, dijo que HUD eximió al Departamento de la Vivienda de entregar una evaluación ambiental cuando hace el traspaso de propiedades. Recordó que la agencia local queda como propietaria de terrenos cuando relocaliza familias, y esos predios, muchas veces, se les pasan a los municipios para establecer en ellos parques recreativos, argumentó.

“Son cosas que no tienen ningún impacto ambiental. En este caso en particular, lo único que nos dijeron es que tenemos que proveerle cuáles serían los usos futuros que se le pueden dar a esos terrenos”, dijo la secretaria, quien enfatizó que esos terrenos no pueden ser usados nuevamente para ubicar viviendas.

Al cierre de este edición no fue imposible conseguir un portavoz de HUD para abundar sobre el tema. Este medio intentó también obtener comentarios del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, quien se limitó a decir por escrito: “Vivienda no se comunicó con nosotros, y no participamos del proceso”.