La secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, anunció este miércoles que dejará sin efecto –al menos, de manera temporal– un aumento en la renta que pagan 779 familias residentes en vivienda pública y que debía entrar en vigor este mes.

“Yo le di instrucciones al administrador de Vivienda Pública (AVP, Juan A. Rosario Hernández) de que nosotros vamos a hacer un proceso de transición, nuestro, por un período. Vamos a tener una reunión inmediata con los administradores de nuestros residenciales públicos. Vamos a dar un período de transición que lo estamos pautando”, dijo la funcionaria a El Nuevo Día.

Las expresiones de Pérez Peña se produjeron luego de conocerse, en un reportaje televisivo (Rayos X), que, por lo menos, ocho familias en complejos de vivienda pública verían duplicar su renta a partir de abril. El alza obedece a una revisión de las guías del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) respecto a los límites de ingreso familiar y las rentas del mercado justo, según la información divulgada en el reportaje.

Pérez Peña precisó que la situación afectaría a 779 familias, y destacó que estas supuestamente fueron notificadas hace dos años, pero HUD les había dado “un período de transición, que se cumple en estos momentos”.

Agregó que gestiona una reunión con HUD para discutir el tema y que, entretanto, ordenaría frenar el alza en las rentas.

¿Lo puede hacer aún sin aval federal?, cuestionó este medio.

“Bueno, yo lo voy a hacer de manera interna, y mi carta es clara. Nosotros acabamos de llegar y nos acabamos de enterar. Fue exactamente lo mismo cuando yo llegué a ser secretaria y presidenta de la Junta (de Directores de la AVP), y manejé vivienda pública los primeros meses que venían los desalojos de personas”, respondió.

“Yo mandé a paralizar todo desalojo de personas mayores, de familias que tuvieran menores de edad, y los únicos desalojos que yo permití en los residenciales eran aquellos, o que los apartamentos habían sido abandonados o porque existía una orden de un tribunal, porque se había estado evaluando. De la misma manera, voy a hacer un cese y desista, en estos momentos, por un período (en lo) que recopilamos toda la información y tenemos nuestras reuniones con HUD”, agregó.

Mencionó que el alza en las rentas se define a base de los ingresos del núcleo familiar y la cantidad de miembros, pero no especificó cuantías.

No obstante, planteó que los aumentos en la renta no procederían a base de los ingresos en Puerto Rico.

“Cuando yo viajé a Washington, ya yo estaba hablando de la situación con los ingresos en Puerto Rico. El ‘low income’ (ingresos bajos), en Puerto Rico, no es una realidad lo que se vive. Nosotros tenemos estados en Estados Unidos que, con la misma población, una familia de cuatro puede tener, en un residencial público, un ingreso de $60,000″, dijo.

“Desde que la gobernadora (Jenniffer González) era comisionada residente, ha estado trayendo el tema de los ingresos en Puerto Rico, de que no son comparables a otros estados”, abundó Pérez Peña.

De otra parte, la secretaria de la Vivienda sostuvo que aún quedan disponibles más de $7 millones del Programa de Asistencia para la Renta, destinado para el pago de alquiler, luz y agua.

Hace escasamente una semana, la AVP anunció el desembolso de $280,000 tras evaluar un listado de solicitantes.

Pérez Peña aclaró que el programa no está abierto para nuevas solicitudes, sino que evalúan la lista pendiente de personas que habían pedido la ayuda.

“Tenemos fondos, se están evaluando los casos. Muchas de estas solicitudes que estaban pendientes, las personas ya no están en esa residencia que tenían, en esa renta”, sostuvo.

Bajo la pasada administración de Pedro Pierluisi, el programa –que se nutrió de fondos de la ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, en inglés)– fue cerrado tras desembolsar millones de dólares en ayuda, y luego fue reactivado en abril de 2024.

En abril de 2020, la AVP, a cargo del programa, recibió $325 millones de fondos ARPA para esta iniciativa. De esa cantidad, el gobierno debió devolver $85.2 millones después de una evaluación del gobierno estadounidense para identificar cuánto dinero era necesario para proveer el beneficio a los puertorriqueños.

Puerto Rico obtuvo luego una segunda asignación, ascendente a $240.3 millones. El programa, que inició tras la emergencia que provocó la pandemia de COVID-19, provee ayuda para cumplir con el pago de alquiler de viviendas y servicios de electricidad y agua potable en atraso.

El beneficio paga hasta el 200% de la renta razonable en el municipio del solicitante determinado por HUD, sobre la base de una tabla cuyo monto varía por pueblo y composición familiar.