El Departamento de la Vivienda agilizará la revisión de las peticiones de títulos de propiedad para entregar, en un término de 55 días, un mínimo de 350 titularidades, informó este miércoles la secretaria designada Ciary Pérez Peña.

Para agilizar el procesamiento de las “miles” de solicitudes de títulos, Pérez Peña moverá personal que atenderá los casos a nivel central –donde se suelen ataponar– y se revisarán los términos de expiración de las certificaciones requeridas –que también pueden retrasar el proceso debido a que se vencen durante su evaluación.

La gobernadora Jenniffer González Colón describió la otorgación de los títulos como la “primera prioridad” de Vivienda, y aseguró que hay personas que pueden llevar hasta una década esperando a que evalúen sus documentos.

“¿Cuál es el problema cuando tú no tienes un título de propiedad? No cualificas para FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), no cualificas para préstamos, no cualificas para arreglar tu propiedad cuando tienes un desastre y te impone la incertidumbre de, incluso, hasta ser removido de tu propiedad. Así tenemos mucha gente en Puerto Rico”, dijo la primera ejecutiva, al asegurar que, “cuando una familia tiene que vivir con esa incertidumbre, trastoca todo”.

Respecto a la expiración de documentos –como certificaciones de no deuda y buena conducta–, se harán las evaluaciones para hacer cambios en sus términos, lo que González Colón anticipó que podría atenderse mediante orden ejecutiva o vía legislación.

“No me hace sentido que una persona que sometió los documentos a tiempo y se expiraron mientras la agencia esté haciendo la evaluación, tenga que volverlos a traer. Mi intención es que, si la persona los trae y se expira estando en manos de la agencia, le corresponde a la agencia buscar los documentos y ejecutar el trámite ordinario porque el proponente, el ciudadano, cumplió”, señaló.

Entre las otras prioridades de Vivienda para los próximos 60 días, también está la otorgación de unos 700 de los más de 3,000 “vouchers” de Plan 8 que tienen pendientes. Asimismo, se implantará una herramienta para que los recipientes vean el inventario de propiedades que pueden pagar con el vale.

Igualmente, la plataforma permitirá que los arrendadores coloquen sus propiedades a disposición del programa.

“Sabemos que existen muchas personas que tiene propiedades, que trabajan durante el día, que se les imposibilita llegar a las oficinas regionales a poner a la disposición su residencia en inventario”, destacó Pérez Peña sobre el beneficio de la plataforma digital.

Según Vivienda, al momento solo se ha utilizado el 21% de los $20.4 mil millones obligados bajo los programas CBDG-DR y CBDG-MIT tras el paso del huracán María. En esos fondos, hay presupuestados $1.9 mil millones para proyectos de energía, de los que solo se han desembolsado $5.4 millones.

Por otro lado, la gobernadora destacó la contratación de un “agente certificador”, que gestiona una serie de certificaciones para sacar los proyectos de reconstrucción. Los proyectos que salen de Vivienda aumentaron de 150 a 350 mensuales.

También, ordenó que, en una semana, se evalúen los proyectos que, aun con los fondos obligados, han estado detenido por varios años. En esa revisión, dijo, se buscará constatar por qué han estado pausados y si se podrán ejecutar. De lo contrario, se reasignarán los fondos a otro proyecto dentro del mismo programa.

En términos de las propiedades que podrían declararse estorbos públicos, Pérez Peña señaló hay un grupo de planificación, dentro del Programa de CBDG, que identifica estas edificaciones y notifica a los dueños sobre la intención de expropiación.

En ese proceso, indicó la secretaria designada, el 70% de los dueños han comenzado a arreglar sus propiedades para que no se les expropien. En el restante 30% se han identificado las de mayor interés para cada municipio, que es el que se encarga de hacer el proceso de expropiación.

“Ya el Departamento de la Vivienda ha visitado 48,000 de estas propiedades y tenemos, en la actualidad, alrededor de 10,000 en proceso de estudio de título para identificar los dueños y emitir las cartas”, detalló Pérez Peña.