El Departamento de Salud espera por el análisis que el Departamento de Justicia realiza sobre las leyes y normativa aplicables, en el contexto de la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, para definir el protocolo que los hospitales e instituciones de servicios de salud deberán seguir al atender personas sin estatus migratorio regularizado.

Así lo indicó el secretario designado de Salud, Víctor Ramos, en medio de la creciente incertidumbre y temor en la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico debido a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), como parte de la política de deportaciones masivas de Trump.

“Ante el análisis jurídico que actualmente lleva a cabo el Departamento de Justicia sobre la situación de los inmigrantes y su acceso a los servicios de salud en los hospitales y demás, es prudente esperar el resultado del análisis en curso antes de emitir conclusiones definitivas”, dijo Ramos a El Nuevo Día, en declaraciones escritas, en respuesta a una petición de entrevista sobre el protocolo en cuestión.

El protocolo en el área de salud es uno de cuatro documentos de ese tipo que la gobernadora Jenniffer González indicó, a finales de enero, que su administración trabajaría ante la nueva política de Trump. El resto los desarrollan los departamentos de Justicia, Educación y la Familia.

En ese contexto, la agente especial a cargo de HSI en San Juan, Rebecca González, indicó, en una entrevista reciente con este medio, que esa agencia no realizará operativos en iglesias ni en escuelas, y que, de hacerlo en centros de servicios médicos, primero, se comunicarán con Salud. Aseguró, igualmente, que no intervendrían con pacientes con condiciones médicas severas.

Líderes de hospitales e instituciones que ofrecen servicios de salud, mientas tanto, reconocieron la incertidumbre que ha sembrado la jornada de intervenciones por parte de las agencias federales, y se mantienen atentos al desarrollo del anticipado protocolo.

“Creo que todavía (las agencias federales) tienen las manos llenas con lo que están haciendo en otras áreas, pero no se descarta que, en un momento determinado, haya algún tipo de interés de parte del ICE de intervenir con pacientes que nosotros tengamos”, anotó el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, quien enfatizó que todavía no se ha dado una instrucción específica a los hospitales.

A pesar del clima de desasosiego, tanto Plá como la doctora Rosa Castro, presidenta del Colegio de Administradores de Servicios de Salud y directora ejecutiva de NeoMed, organización que provee servicios de salud primaria y preventiva, recordaron que continúa vigente la Ley federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA, en inglés).

Esta ley garantiza a cualquier persona en jurisdicciones de Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, el derecho a recibir atención médica de emergencia. Sin embargo, el incremento en las detenciones por parte del ICE y HSI ha generado un clima de temor entre inmigrantes sin estatus regular, por lo que existe preocupación de que evitan acudir a hospitales por miedo a ser detenidos, lo que puede traducirse en una barrera de acceso a la salud.

“Mi recomendación para los inmigrantes, y para cualquier persona que reside en Puerto Rico, es que, si tiene una necesidad de salud apremiante, debe buscar ayuda para que sea atendida, que en Puerto Rico cobijan leyes, como lo es la ley federal EMTALA, que permite que una persona pueda recibir servicios en salas de emergencia y que su necesidad apremiante sea atendida y, de igual manera, (protege) la Carta de Derechos del Paciente”, enfatizó Castro, quien recalcó que, a los pacientes, no se les pregunta sobre su estatus migratorio en estas instituciones.

Castro subrayó que los hospitales y centros de salud tienen la obligación de atender a cualquier persona en condición de emergencia, sin importar su estatus migratorio. Asimismo, planteó que el ICE y HSI no pueden ingresar a estas instalaciones sin una orden judicial.

“La agencia, en este caso ICE, para poder intervenir en alguna de nuestras organizaciones, que son organizaciones privadas, tendrían que tener órdenes para poder entrar. Cualquier agente o cualquier oficial de orden público, ya sea estatal o federal, para poder entrar a alguna de nuestras organizaciones, tiene que tener una orden”, argumentó.

Plá, sin embargo, no está tan seguro. “Tenemos que, finalmente, determinar cuál es la potestad que va a tener ICE para poder entrar a instituciones como hospitales cuando los pacientes están en tratamiento”, dijo. “Personalmente, creo que es muy difícil atender este asunto a nivel de los hospitales porque, cuando tienes un paciente bajo tratamiento, no es el mejor ambiente para arrestarlo”.

No descartó que la interrogante sobre el estatus migratorio pudiera hacerse cuando se trata de servicios médicos electivos, que van más allá de la atención en la sala de emergencias.

“Tenemos ciertas políticas, como las políticas de privacidad, que indican que no se puede dar información sobre los pacientes y sus condiciones médicas”, subrayó, al reconocer que también existe incertidumbre respecto a si los hospitales tendrían que brindar información al ICE. “El protocolo que Justicia y Salud hagan y discutan con nosotros va a ser lo que, de ahora en adelante, estaría rigiendo para atender los requerimientos de ICE”, puntualizó.