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Departamento de Salud hace malabares para retener a más de 60 enfermeras escolares tras recorte de fondos federales

La agencia logró identificar partidas para cubrir salarios de sobre 40 de estas profesionales, pero aún no identifica fondos estatales para otras 29, cuyos sueldos se pagaban con dinero que fue eliminado

13 de abril de 2025 - 4:56 PM

Ramos dijo que, tras confirmarse el millonario recorte de fondos federales, analizaron qué programas o servicios podían eliminarse y cuáles debían mantenerse. (Ramon "Tonito" Zayas)

Aunque asegura que ya identificaron partidas para costear los salarios de sobre 40 enfermeras escolares, el secretario de Salud, Víctor Ramos, indicó este domingo que aún buscan cómo cubrir con fondos estatales la compensación de 29 de estas profesionales, cuya paga provenía de los cerca de $45.2 millones que dejó de recibir la agencia a causa de la terminación de fondos federales de, al menos, tres programas asociados a la emergencia del COVID-19.

“Con esos fondos, se cubrían como 60 y algo de enfermeras. Cuarenta y pico ya logramos contratarlas a través de otros programas. Estamos trabajando con Educación con las otras 29 que nos faltan, porque no queremos que se afecten los servicios de enfermeras escolares”, dijo el funcionario, al participar en la conferencia de prensa que ofrece cada semana el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo.

A preguntas de El Nuevo Día, Ramos indicó que se necesitaron $220,000 de fondos estatales para mantener empleadas a las más de 40 enfermeras escolares, y afirmó que el dinero lo identificaron “de plazas que había disponibles”.

“El Departamento de Salud tiene una combinación entre plazas, puestos regulares y contratos, así que, básicamente, las transicionamos del contrato que tenían con los fondos de COVID a plazas que están disponibles en el Departamento de Salud”, abundó.

El secretario de Salud precisó que, tras recibir la determinación del gobierno federal sobre el millonario recorte de fondos, había programas subsidiados con el dinero del gobierno estadounidense que decidieron mantener y otros que optaron por eliminar. A modo de ejemplo, mencionó que descartaron la carpa para pruebas de detección de COVID-19 que mantenían en el estacionamiento del Hospital Ramón Ruiz Arnau, en Bayamón, y mantuvieron los programas de vigilancia de enfermedades como el dengue, así como las enfermeras escolares.

Precisó que requerirán unos $5 millones en fondos estatales para continuar con los programas de vigilancia a partir del 1 de julio, cuando comienza el próximo año fiscal.

Ramos aseguró que el Departamento de Salud no ha recibido más notificaciones del gobierno federal con la intención de recuperar o eliminar fondos.

“Nos llegó una carta, hace tres días, del Departamento de Salud federal diciendo que ya ellos habían despedido a la gente que iban a despedir, bajar de 62,000 a 42,000 los empleados del Departamento de Salud, pero que eso no afectaba los fondos”, sostuvo.

De otra parte, recordó que próximamente realizarán pruebas para detección de VIH y Hepatitis C a toda la población penal del país con el fin de saber con certeza quiénes padecen de estas enfermedades y proveerles los tratamientos necesarios. Esta iniciativa es un compromiso de campaña de la gobernadora Jenniffer González.

“La fecha se va a anunciar, porque estamos hablando de algo que es en las cárceles y hay ‘issues’ de seguridad, pero va a ser pronto”, apuntó Ramos.

Sin embargo, durante una vista pública reciente en la Cámara de Representantes, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones Rivera, adelantó que las pruebas de detección comenzaban el 19 de mayo.

Ramos dijo que también se ofrecerán tratamientos disponibles en el Departamento de Salud para combatir la adicción a opioides. Explicó que, de haber casos positivos a VIH o Hepatitis C en los penales, activarán el Programa de Opioides y Sustancias de la agencia.

“Tenemos que tratar las cosas completamente, no solo tratarle la enfermedad, sino el programa de base, que es la adicción a las drogas. Así que las tres cosas se van a implantar, pero lo primero que vamos a hacer es hacerles pruebas a los 7,000 confinados”, explicó el secretario de Salud.

En la conferencia de prensa, también participaron el administrador de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Regino Colón Alsina; la administradora de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), Catherine Oliver Franco, y el director ejecutivo del Centro Cardiovascular de Puerto Rico, Javier Marrero.

Los funcionarios dieron detalles de lo que consideran sus logros a 100 días del comienzo de la administración de González, quien también el jueves de la semana pasada ofreció un mensaje frente a un nutrido grupo de empleados públicos en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

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