El Departamento de Salud permitió que un contratista para el mantenimiento de equipos de aire acondicionado facturara más de $83,000 en exceso, incluidos sobre $25,000 adjudicados a un período en el que no existía un acuerdo entre las partes, reveló un informe de la Oficina del Inspector General (OIG).

“La OIG identificó y validó las irregularidades en el otorgamiento de contratos de servicios profesionales, en la facturación y en el pago de los servicios prestados”, sostiene el documento de la investigación, que abarcó del 30 de septiembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022, mientras era secretario el doctor Carlos Mellado.

Además de facturaciones en exceso y pagos sin contratos vigentes, el informe –publicado a finales de febrero– señala el uso indebido de fondos federales y graves deficiencias en los controles administrativos.

Cuestionado por El Nuevo Día, el exsecretario de Salud sostuvo que la agencia deberá proceder a realizar un análisis detallado del informe y responder lo que se plantea. “De existir algún señalamiento que requiera acción, se deben tomar las medidas que correspondan dentro del marco legal”, manifestó Mellado en declaraciones escritas.

Pese a que el informe de la OIG también adjudica responsabilidad al “jefe de agencia”, el exsecretario de Salud defendió que, bajo su administración, procuró “fortalecer los procesos de contratación, garantizando mayor transparencia y eficiencia”.

“Una vez completada la evaluación de los contratos y expedientes, y se tenga mayor claridad sobre la situación, estaremos en posición de ofrecer información adicional. Hasta entonces, cualquier pronunciamiento sobre el contenido del informe sería prematuro”, expresó.

En concreto, tras realizar una evaluación exhaustiva, la OIG señaló la facturación excesiva de, al menos, $83,003.86 por parte de “contratista A”, como se le identifica en el reporte, una suma que corresponde a facturaciones en tres contratos distintos para servicios de mantenimiento preventivo y reparación de máquinas de aire acondicionado. Además, se identificó que, fuera del período de vigencia de cualquier contrato, se facturaron $25,812 más en fondos públicos sin justificación.

Uno de los contratos, además, fue otorgado con efecto retroactivo, una acción contraria a la legislación y jurisprudencia vigente. La OIG encontró que, cuando el contratista agotó la cuantía de un contrato, continuó brindando servicios que luego fueron facturados bajo otro acuerdo, que incluyó una enmienda para hacerlo retroactivo.

“Desde que fui informado de este informe, impartí instrucciones inmediatas para las acciones de recobro, fortalecer nuestros controles internos y garantizar que situaciones como estas no se repitan”, indicó el secretario designado de Salud, Víctor Ramos Otero, al reaccionar al informe por escrito.

Precisó que las medidas correctivas que la agencia implementa incluyen la revisión de sus procesos de contratación y la capacitación compulsoria a todo el personal en el manejo adecuado de fondos públicos. En sus expresiones, el nominado no aludió a la adjudicación de responsabilidades ni acciones disciplinarias.

La OIG señaló también que la agencia incurrió en el uso incorrecto de fondos federales. A pesar de que los contratos verificados establecían que los servicios serían sufragados con fondos locales, al menos, ocho hojas de servicios –que totalizaron $31,679– fueron pagadas con dinero federal sin la debida autorización.

Al plantear las posibles causas, la OIG mencionó el “incumplimiento del jefe de la agencia o sus representantes autorizados con su responsabilidad de manejar eficiente y efectivamente los fondos federales asignados, según fueron determinados”, así como falta de controles internos para detectar irregularidades en el desembolso de fondos federales.

Según la auditoría, además, el contratista presentó un Certificado de Registro Único de Proveedores –que emite la Administración de Servicios Generales– con un número de seguro social patronal incompatible con el que figuraba en los contratos con Salud.

Sobre ese particular, la OIG señaló como posibles causas gestiones de contratación gubernamental no fiscalizadas por la falta de controles internos para detectar irregularidades, así como el “incumplimiento del jefe de la agencia o sus representantes autorizados con su responsabilidad para determinar la legalidad, exactitud, propiedad, necesidad y corrección de la contratación”.

Además, en las revisiones de facturas, se hallaron deficiencias en la descripción de los servicios prestados y compras no contempladas en los contratos. A parte de solicitar que se corrijan esas fallas, la OIG anotó que las determinaciones contenidas en el reporte no limitan la facultad de la agencia “para realizar referidos a otras agencias fiscalizadoras”.