Una enmienda sugerida por el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, daría paso a que las personas entre las edades de 18 y 21 años que ya iniciaron un tratamiento hormonal de afirmación de género puedan continuarlo, aun si se convierte en ley el Proyecto del Senado (PS) 350, que prohíbe estos procedimientos médicos en menores.

La enmienda, que provocó que La Fortaleza devolviera la medida para la consideración de la Legislatura, abre una pequeña ventana para las personas en ese grupo de edad que reciben tratamiento, pero no subsana la criminalización a especialistas de la salud que realicen esos procedimientos, así como a madres y padres, mientras impide el acceso de menores a tratamientos que benefician su estado de salud, señalaron expertos y personas opuestas a la medida.

“Esta es una de las evidencias más grandes de que esta pieza legislativa no estaba hecha porque tenían miedo de riesgos de menores, está hecha porque quieren controlar y quieren favorecer al grupo conservador, que no recibe estos tratamientos y simplemente no quieren que otros lo reciban”, argumentó el doctor Miguel Vázquez Rivera, psicólogo experto en temas de diversidad sexual y de género.

“Si se puede continuar el tratamiento para los que ya están (en tratamiento), significa que no es perjudicial para su salud, como sabemos que no lo es, según la revisión de la literatura”, añadió en declaraciones a El Nuevo Día.

El Proyecto del Senado 350 –que crearía la llamada “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico”, aunque solo se enfoca en la niñez trans-, fue aprobado por la Cámara y el Senado, sin vistas públicas, durante la primera semana de abril. La medida fue enviada, el 11 de abril, a la gobernadora Jenniffer González Colón para su consideración, pero la mandataria la devolvió a la Legislatura para la incorporación de las enmiendas sugeridas por Ramos.

“Se entenderá como una excepción expresa a las disposiciones de esta ley todo tratamiento con hormonas ya iniciado al momento de su firma, en personas entre más de dieciocho (18) y menos de veintiún (21) años de edad”, lee la enmienda sugerida bajo el artículo que establece la prohibición de procedimientos en menores de edad, a la que tuvo acceso este medio por una fuente.

La continuidad, sin embargo, no es automática, pues la enmienda también sostiene que, “para propósitos de poder calificar para continuar los tratamientos, el profesional de servicios de salud proveerá toda la información pertinente al Departamento de Salud, el cual, a su vez, certificará que la o las personas cumplen con los requisitos de esta excepción, y podrá autorizar que se continúen con los procedimientos iniciados previo a la entrada en vigor de esta ley”.

Este medio solicitó comentarios del presidente del Senado y autor de la medida, Thomas Rivera Schatz, pero no estuvo disponible. De igual forma, se pidieron declaraciones a la senadora Joanne Rodríguez Veve, coautora del proyecto, cuyo portavoz indicó que “está en proceso de evaluar las enmiendas”.

Según Vázquez, la enmienda que propone el secretario violentaría la ley HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996), estatuto federal que establece normas para proteger la privacidad y seguridad de la información de salud de los pacientes. Sostuvo, además, que utiliza a la agencia para llevar a cabo una práctica de “carpeteo” a las personas que solicitan tratamientos hormonales. Este medio solicitó expresiones del secretario, pero no hubo respuesta.

“Aun con las enmiendas, si estas fueran las únicas, mucha gente nueva que necesita este tratamiento se va a quedar sin él y sin los efectos positivos y de beneficencia que tenga para sus vidas. Vemos, una vez más, cómo el gobierno actual está yendo en contra de la ciencia y en contra de las poblaciones vulneradas de este país”, manifestó el doctor.

Por su parte, el presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, quien ya había sido advertido de los posibles cambios a la legislación, señaló que las sugerencias de parte de Salud son “peor de lo que se esperaba”, al sostener como ejemplo que quedó fuera de la consideración el que no se prohíban los bloqueadores o supresores de pubertad, medicamentos que retrasan o detienen los cambios físicos que ocurren durante esta etapa del desarrollo.

“Ninguna enmienda al Proyecto del Senado 350 lo va a arreglar, ni mucho menos hacerlo bueno. La única acción que tiene que hacerse con ese proyecto cruel e inhumano es botarlo al zafacón”, anotó Serrano.

“Esa medida representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Eso sin contar el ataque que representa a la relación sagrada entre médico y paciente, así como al derecho inalienable de los padres y madres de tomar decisiones en consentimiento con sus hijos, hijas e hijes”, subrayó en declaraciones a este medio.