Sobre $12.7 millones de fondos asignados al Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, por sus siglas en inglés) fueron desembolsados a unos 1,039 beneficiarios con números de seguro social de personas fallecidas, según un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

El documento detalla que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no validó la identidad de los beneficiarios, los ingresos dejados de devengar, la información provista sobre trabajos por cuenta propia, ni la identidad de las personas que trabajaron los casos, como parte de su proceso de evaluación.

“Estas situaciones dan lugar a esquemas de fraude y a emitir pagos a quien no cumpla los requisitos”, expone el informe.

Además de esto, se reveló que, durante la pandemia, se aprobaron y pagaron beneficios a reclamantes que no cumplían con los requisitos para recibir el pago del PUA.

“De una muestra de los 418,558 puntos controvertibles o issues en la reclamación por falta de datos, se detectó que se eliminaron issues sin la evidencia aportada por el beneficiario, ni dar las razones para eliminar el punto controvertible. Al respecto, era necesario que el Departamento del Trabajo tuviese un control previo que asegurara la legalidad, corrección, exactitud y propiedad de las operaciones fiscales”, detalló la OCPR en el informe compartido con la prensa.

Asimismo, se señaló que el Departamento del Trabajo designó a una persona ajena a las funciones de los Oficiales Pagadores Especiales (OPE) para preparar los comprobantes.

“Esta falta de segregación de funciones propicia que se cometan errores”, lee el informe.

La Unidad de Investigaciones y Seguridad Interna del Departamento (UISI) certificó que, al 1 de octubre de 2021, había referido 323 casos por $36,620,171 al Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y a la Policía de Puerto Rico.

La UISI dirige las investigaciones de posibles fraudes internos o externos de funcionarios del Departamento o beneficiarios de los programas de desempleo.