La orden administrativa 2025-001 también ordenó el archivo de casos relacionados con las construcciones ilegales en ese literal costero por “convertirse académicos”
La orden administrativa 2025-001 también ordenó el archivo de casos relacionados con las construcciones ilegales en ese literal costero por “convertirse académicos”
10 de enero de 2025 - 11:30 PM
El designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, hijo, firmó, este jueves, su primera orden administrativa mediante la cual estableció el cobro de derechos para el uso de terreno y agua de domino público en La Parguera, en Lajas, al mismo tiempo que ordenó que se archivaran los casos relacionados con construcciones ilegales en ese literal costero por “convertirse académicos”.
Mediante la orden administrativa número 2025-001, Quiles autorizó el mantenimiento y la reparación de propiedades privadas que están dentro de la zona marítimo-terrestre.
“En el DRNA, vemos necesario integrar legalmente esta comunidad de residencias costeras al resto de la comunidad de La Parguera de forma tal que los beneficios a corto y largo plazo se traduzcan en bienestar de los recursos naturales como el principal atractivo turístico del sector”, lee la orden administrativa.
En el documento, el designado titular argumentó que a pesar de la existencia de reglamentación, las estructuras, que algunas fueron construidas hace más de 60 años sobre terrenos de dominio público, no han estado sujetas al pago de cánones al DRNA “por concesiones, por los usos y aprovechamientos existentes como ocurre con las marinas y otros muelles privados en Puerto Rico”.
De acuerdo con Quiles, la orden pretende “armonizar la existencia de estas estructuras con la conservación del medio ambiente” a la vez que establece el cobro de derechos “asignando el producto de dichas rentas para beneficio del medioambiente”.
Mediante la orden, el designado secretario ordenó a la División de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre a notificar, dentro de los próximos 120 días, a los propietarios para que presenten ante el DRNA declaraciones juramentadas por un ingeniero, arquitecto o agrimensor licenciado sobre la huella existente de las residencias, muelles y estructuras afectadas.
“La persona debidamente notificada que no cumpla con este requisito podrá estar sujeta a una multa administrativa de hasta $500. El DRNA podrá conceder una prórroga para el cumplimiento de lo aquí establecido por igual término siempre y cuando se presente una solicitud justificada”, lee el documento.
La orden, a su vez, le prohíbe a la División expedir autorizaciones para la construcción de residencias nuevas o la ampliación de su huella.
En el último inciso del documento, el designado secretario ordenó a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos el archivo de los casos relacionados “con los asuntos establecidos en la presente orden por convertirse académicos”.
La firma de la orden se produjo en momentos en que la gobernadora Jenniffer González ha sido cuestionada sobre la continuación de la investigación en contra de sus suegros, José Vargas Cortés e Irma Rivera Llavona.
Desde mayo del año pasado, el DRNA investiga una querella contra ambos por el presunto corte ilegal de mangles y por supuestamente haber realizado, sin los debidos permisos, trabajos de ampliación y remodelación de un tablado o muelle en la residencia que adquirieron en 2017. El matrimonio ha negado los señalamientos.
Previo a su salida del cargo, la exsecretaria de la agencia, Anaís Rodríguez Vega, sostuvo que el funcionario que la sustituyera debería continuar con el proceso administrativo que llevaba la agencia en contra de los suegros de la gobernadora.
El pasado miércoles, al ser abordada en el programa Rayos X de Telemundo sobre las expresiones de la secretaria saliente, la gobernadora sostuvo que “ella (Rodríguez Vega) no debe esperar nada de quien la sustituya porque ella ya no es la funcionaria de la agencia y ella utilizó su cargo para hacer un ‘issue’ político y un caso de persecución política”.
“Quien vaya al ser el funcionario de la agencia tomará las decisiones que tenga que tomar, pero ninguna persona contiunará con lo que empezó la secretaria porque ella tuvo claramente un caso político (...) Eso se va a caer porque evidentemente se violentaron simplemente porque eran mis suegros (...) Yo no me voy a prestar para fabricarle casos a nadie”, expresó la gobernadora.
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