El designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, firmó este jueves su primera orden administrativa, mediante la cual dispuso archivar los casos relacionados con construcciones ilegales en La Parguera, Lajas, al considerar que estos se han “convertido en académicos”.

Asimismo, la orden establece el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público en ese litoral costero.

Mediante la orden administrativa número 2025-001, Quiles Pérez también autorizó el mantenimiento y la reparación de propiedades privadas ubicadas dentro de la zona marítimo-terrestre.

“La orden administrativa para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera en el municipio de Lajas fue redactada y preparada por la administración anterior y eso quedó constatado durante el proceso de transición”, dijo Quiles Pérez en declaraciones escritas enviadas el viernes en la mañana.

Añadió que la orden hace un reconocimiento a las condiciones históricas, culturales y turísticas del sector la Parguera, que es un “modelo a seguir en otras áreas de Puerto Rico con condiciones similares”.

“Se hizo una interpretación jurídica de la reglamentación del presente de lo que todos saben ha sido la planificación del pasado, esto dentro del contexto histórico de la isla”, destacó el funcionario.

Planteó que la orden reconoce unos derechos adquiridos de todos los que tienen una residencia en la Parguera, pero a su vez establece unas claras responsabilidades que los dueños tienen que cumplir.

“De esta manera terminamos con el limbo jurídico que ha perdurado por décadas, el cual ha sido detrimental tanto para los propietarios de las residencias en la Parguera, como para el gobierno de Puerto Rico”, sostuvo.

Con la emisión de la orden, según el designado secretario, “vamos a realizar los trabajos para obtener huella física de estas estructuras. Con esto mantendremos así el control de esa huella para que en el futuro tengamos evidencia de la misma y nadie pueda expandirla”.

La orden administrativa establece que, “en el DRNA, vemos necesario integrar legalmente esta comunidad de residencias costeras al resto de la comunidad de La Parguera de forma tal que los beneficios a corto y largo plazo se traduzcan en bienestar de los recursos naturales como el principal atractivo turístico del sector”.

En el documento, el designado titular argumentó que, a pesar de la existencia de reglamentación, las estructuras, que algunas fueron construidas hace más de 60 años sobre terrenos de dominio público, no han estado sujetas al pago de cánones al DRNA “por concesiones, por los usos y aprovechamientos existentes como ocurre con las marinas y otros muelles privados en Puerto Rico”.

De acuerdo con Quiles Pérez, la orden pretende “armonizar la existencia de estas estructuras con la conservación del medio ambiente” a la vez que establece el cobro de derechos “asignando el producto de dichas rentas para beneficio del medioambiente”.

Mediante la orden, el designado secretario ordenó a la División de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre a notificar, dentro de los próximos 120 días, a los propietarios para que presenten ante el DRNA declaraciones juramentadas por un ingeniero, arquitecto o agrimensor licenciado sobre la huella existente de las residencias, muelles y estructuras afectadas.

“La persona debidamente notificada que no cumpla con este requisito podrá estar sujeta a una multa administrativa de hasta $500. El DRNA podrá conceder una prórroga para el cumplimiento de lo aquí establecido por igual término siempre y cuando se presente una solicitud justificada”, lee el documento.

La orden, a su vez, le prohíbe a la División expedir autorizaciones para la construcción de residencias nuevas o la ampliación de su huella.

En el último inciso del documento, el designado secretario ordenó a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos el archivo de los casos relacionados “con los asuntos establecidos en la presente orden por convertirse académicos”.

La firma de la orden se produjo en momentos en que la gobernadora Jenniffer González ha sido cuestionada sobre la continuación de la investigación en contra de sus suegros, José Vargas Cortés e Irma Rivera Llavona.

Desde mayo del año pasado, el DRNA investiga una querella contra ambos por el presunto corte ilegal de mangles y por supuestamente haber realizado, sin los debidos permisos, trabajos de ampliación y remodelación de un tablado o muelle en la residencia que adquirieron en 2017. El matrimonio ha negado los señalamientos.

Previo a su salida del cargo, la exsecretaria de la agencia, Anaís Rodríguez Vega, sostuvo que el funcionario que la sustituyera debería continuar con el proceso administrativo que llevaba la agencia en contra de los suegros de la gobernadora.

El pasado miércoles, al ser abordada en el programa Rayos X de Telemundo sobre las expresiones de la secretaria saliente, la gobernadora sostuvo que “ella (Rodríguez Vega) no debe esperar nada de quien la sustituya porque ella ya no es la funcionaria de la agencia y ella utilizó su cargo para hacer un ‘issue’ político y un caso de persecución política”.

“Quien vaya al ser el funcionario de la agencia tomará las decisiones que tenga que tomar, pero ninguna persona continuará con lo que empezó la secretaria porque ella tuvo claramente un caso político (...) Eso se va a caer porque evidentemente se violentaron simplemente porque eran mis suegros (...) Yo no me voy a prestar para fabricarle casos a nadie”, expresó la gobernadora.