El Departamento de Educación (DE), que cerró el año académico con cerca de 24,000 estudiantes fracasados, adjudicó los servicios de tutoría dirigidos a estudiantes en riesgo de no pasar de grado en la región oeste a una corporación de reciente creación, sin capacidad económica, que presentó deficiencias en su prestación de servicios a la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) y que, además, tuvo un movimiento bancario irregular en la cuenta en la cual deposita los fondos federales.