A pesar de los avances en la ejecución de la política de recorte de gastos del presidente Donald Trump, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, se mostró confiado este miércoles en que ese nuevo escenario a nivel federal no provocará despidos ni el cierre de programas en la agencia.

Sin embargo, reconoció que el Departamento de Educación (DE) batalla para evitar la pérdida de dinero federal, que forma parte de los más de $5,000 millones que la agencia recibió “para fomentar la educación a través de lo que fueron los llamados fondos de emergencia para COVID-19″.

Destacó que ese dinero federal no solo fue destinado a la emergencia directa que provocó el virus, sino también para preparar el sistema de educación para eventos futuros y mejorar el ofrecimiento académico en las aulas.

“Cerca del 90% de estos fondos se gastaron. El último ‘grant’ (subvención) que se recibió correspondiente a estos fondos le daba el espacio al Departamento para obligar los fondos hasta septiembre 30 del año pasado, del 2024. Una obligación conlleva que se firme un contrato o que se emita una orden de compra y esté en las manos del suplidor. Así que ya todas esas obligaciones el Departamento las hizo a septiembre 30″, explicó, en conferencia de prensa.

Comentó que el período para gastar estos fondos vencía en enero y la administración pasada de Pedro Pierluisi solicitó una extensión, que fue otorgada hasta marzo de 2026.

“Esto es una situación generalizada de todos los estados y todas las jurisdicciones. Todavía no sé de una que lo haya gastado todo”, puntualizó el secretario.

La semana pasada, Ramos Parés recibió una carta en la que se les informó a los jefes de departamentos de Educación estatales que las extensiones otorgadas por su antecesor habían vencido. El DE ha solicitado una reconsideración, recalcó Ramos Parés.

Si no se da el visto bueno a la reconsideración, las áreas que pueden resultar perjudicadas principalmente se relacionan con la reparación de “columnas cortas” en escuelas dañadas por los terremotos de 2020, terapias para estudiantes de Educación Especial, medidas de seguridad y mantenimiento de escuelas, según había dicho el secretario.

“Plan B, como estaba mencionando, es la identificación de fondos internos y los cambios de prioridades. Así que, obviamente, sí, ya nosotros estamos analizando y tenemos la propuesta sobre cambiar prioridades, cosas que, a lo mejor, se podían hacer ahora, pero las vamos a retrasar para hacerlas un poco más adelante y sufragar estas áreas que necesita”, afirmó el secretario, quien se mostró esperanzado en que el gobierno federal cambie de postura.

“Por esta razón, destituir gente no está en el panorama... Primero cierro yo mi oficina antes de impactar una escuela. Y esa es la realidad. Para nosotros, la prioridad es que las escuelas tengan los recursos que necesitan al momento que lo necesitan. Y esa es mi prioridad”, agregó.

Respecto a la eliminación del Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ramos Parés sostuvo que obedeció a “a un mandato del Departamento de Educación federal”.

“Pero la universidad continúa con sus políticas antidiscrimen y con sus procesos para investigar y atender querellas de esta índole. De eso no es de lo que se trata. Las políticas públicas siguen estando en vigor, sigue habiendo oportunidades educativas para todo el mundo y el manejo de situaciones particulares a través de querellas”, expresó Ramos Parés, quien pertenece a la Junta de Gobierno de la UPR.

El comité eliminado tenía a su cargo la formulación de política universitaria en pro de una cultura de respeto a la diversidad.