La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) analiza la viabilidad del aumento legislado para los oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) –proceso que podría culminar esta semana–, y aunque se mostró confiado en la suficiencia de fondos, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, advirtió que la última palabra la tendrá la Junta de Supervisión Fiscal.

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“Nosotros tenemos el compromiso inequívoco (de conceder el aumento). Por eso, el gobernador firma la ley. Reconocemos que hay una partida de los fondos dentro de la custodia de OGP. Se está haciendo el análisis para confirmar que es suficiente y se está atendiendo todo”, dijo el funcionario en entrevista con El Nuevo Día.

“El análisis presupuestario que requiere, una vez se termine, se presenta a la Junta. Y reconozco que la última palabra la tiene la Junta, pero definitivamente los recursos se tienen”, abundó Marrero.

El organismo fiscal, entretanto, se limitó a decir por escrito que la evaluación está en proceso. “La Junta continúa revisando la Ley 156 del 2024 y el envío que debe hacer el gobernador a tono con la ley Promesa”, leen las expresiones del ente a cargo de las finanzas públicas de la isla.

La Ley 156, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el 12 de agosto, establece, en su parte expositiva, que los oficiales del Cuerpo de Vigilantes “no han recibido un aumento salarial en aproximadamente una década”, a pesar del alza en el costo de vida.

El nuevo estatuto aumentaría a $2,600 el salario base de los vigilantes, y también otorgaría un incremento de $300 mensuales a los trabajadores del DRNA, desde el 1 de julio, pero condiciona su entrada en vigor a que la OGP, el DRNA y la Aafaf identifiquen los fondos para cumplir sus disposiciones.

Marrero estimó entre $7 millones y $8 millones el impacto fiscal de la medida. Sostuvo que la Asamblea Legislativa no hizo el análisis económico del proyecto de ley porque lo avalaron luego de aprobarse el presupuesto vigente.

“Estamos haciendo ese trabajo, literalmente. OGP está identificando, está buscando en el presupuesto. Es un presupuesto que recientemente se identificó, se aprobó”, recalcó Marrero. “Ahora bien, ya hay un pote que tiene alrededor de $75 millones, que OGP tiene en su custodia para atender básicamente esos aumentos que son necesarios”, abundó.

Marrero explicó que, una vez la OGP identifique el dinero, procede acudir a la JSF y esperar por su autorización.