Manatí - Ante la carta enviada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigiendo un aumento en la factura de la luz para pagarles a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la gobernadora Jenniffer González insistió este miércoles en que se deben buscar “otras alternativas” antes de llegar a ese punto, y dijo que pedirá reunirse con el organismo esta semana, luego de escuchar las propuestas de los jubilados.

“Tengo que ser muy responsable con esas alternativas, porque quiero cumplir con los pensionados, pero también quiero proteger la salud fiscal del gobierno. Después de salir de aquí, pediremos una reunión esta misma semana para buscar alternativas, y no me voy a cerrar a que esa sea la única. Esa no es mi primera alternativa”, manifestó la mandataria, desde el casco urbano de Manatí, donde ofreció una conferencia de prensa sobre un programa de banda ancha.

En una carta con fecha del 7 de abril, la JSF notificó al gobierno que, como parte de la segunda revisión al presupuesto de la AEE para este año fiscal 2025, debía identificar un mecanismo permanente para financiar las pensiones de la corporación pública.

La revisión presupuestaria, indica la misiva, se realiza “para permitir que la AEE financie los beneficios de pensión en abril” con fondos de un préstamo de $25 millones por concepto de economías identificadas por el gobierno.

“El préstamo propuesto de $25 millones del Estado Libre Asociado servirá como una solución temporal para permitir los pagos a los jubilados y beneficiarios de la AEE solo durante el mes de abril de 2025. Ante la falta de fondos adicionales para el año fiscal 2025, es imperativo que la AEE tome medidas decisivas hoy mismo para cobrar una tarifa eléctrica suficiente para cumplir con sus obligaciones de pensión a largo plazo, si no de forma permanente”, precisa el escrito.

La JSF requirió que, en o antes de este viernes, González entregue documentos que respalden su propuesta para el segundo presupuesto revisado de la AEE. Esa revisión debe identificar de dónde provendrá el financiamiento de las pensiones.

González indicó que se enteró de la misiva –dirigida también a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez– a través de los medios, durante la rueda de prensa sobre un nuevo proyecto de “WiFi Spots” públicos en 43 municipios bajo el Programa de Banda Ancha, financiado con fondos federales.

La iniciativa –que tendrá una inversión inicial de $23.6 millones– comenzó en Manatí y Vega Alta. En los próximos meses, se unirán pueblos como Vega Baja, Dorado, Morovis, Corozal y Añasco, entre otros.

“Estoy directamente llamando al director ejecutivo (de la JSF, Robert F. Mujica), y es lo que voy a hacer tan pronto salga de aquí. No tengo que esperar una cartita”, dijo la gobernadora, quien recordó que hace dos semanas acordaron buscar una “solución permanente”.

Al momento de esta publicación, no se informó si se ya había fecha para el encuentro.

Sobre los reclamos de los pensionados de la AEE, González respondió: “Quiero reunirme con ellos para ver cuáles son las otras alternativas que ellos han estado presentando”.

“Heredé esta situación, donde no se contempló el pago de pensionados. Conseguimos $25 millones de las economías que se han generado en el gobierno de Puerto Rico para el mes de abril, y mi meta es conseguirlo de manera final y permanente”, recalcó.

“No voy a buscar como primera opción un aumento en la factura de la luz, porque yo creo que tienen que haber otras alternativas. Esa reunión se tiene que dar, porque no solamente es lo que la Junta quiere, es lo que el gobierno de Puerto Rico puede identificar”, abundó.

Mientras, en torno al anticipado cierre de siete oficinas comerciales de LUMA Energy, la gobernadora se limitó a responder que fiscalizaría el mecanismo que la empresa tome para atender a los consumidores afectados.

Precisamente, una de las instalaciones que cerrará a partir del 25 de abril está en Manatí, cuyo alcalde, José Sánchez, acompañó hoy a la gobernadora.

“Nosotros vamos a estar bien pendientes a ver cuál va a ser ese mecanismo para garantizar que se pueda tener una llamada, se pueda hacer un pago... Lo más importante va a ser el servicio: ¿cómo se va a sustituir esa función?”, contestó González, cuya administración intentó hace un mes evitar el cierre de los establecimientos, pero no tuvo éxito.