Varios miembros del Comité de Transición designados por la gobernadora electa Jenniffer González expresaron este miércoles escepticismo en torno a la viabilidad fiscal de la implantación de las estrategias contenidas en el borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, documento que la Legislatura entrante deberá evaluar entre enero y junio de 2025, antes de remitirse a La Fortaleza, en virtud de la Ley 33 de 2019.

Como parte de la comparecencia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Jorge Colberg Toro, actual asesor del presidente del Senado, José Luis Dalmau, defendió la inacción de la Asamblea Legislativa saliente bajo la premisa de que la ejecución de las más de 800 iniciativas recomendadas en el borrador del Plan no cuenta con fuentes de financiamiento identificadas, lo que hubiera redundado en la anulación del documento por parte de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Se acusó a la Asamblea Legislativa, a los legisladores de todos los partidos, de que habían arrastrado los pies con este informe, y a la actual administración. (…) La ley Promesa dice que no se puede aprobar (una ley sin financiamiento) porque se va a invalidar. Si la Legislatura hubiese aprobado esto como se pidió, sin vistas públicas, tal y como se mandó, la Asamblea Legislativa hubiera violado la ley Promesa, porque (el Plan) tiene un gran número de iniciativas muy buenas sin estimados de costos ni fuentes de financiamiento”, esbozó el también exlegislador popular, quien responsabilizó a la Ley 33 de colocar sobre el grupo de científicos del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático (Ceacc) realizar análisis que corresponden a la legislatura y agencias fiscales del Ejecutivo.

“Se necesitaría el presupuesto del gobierno de Puerto Rico de los próximos 15 años, con una Junta de Control Fiscal, con un país que está pasando por una quiebra que todavía no hemos logrado salir de la etapa más complicada hasta lograr salir de la Junta de Control Fiscal. Si le ponemos fecha a esto, no se va a lograr, esa es la realidad. Ya yo quisiera que esto fuera perfecto”, sostuvo, por su parte, el presidente del Comité de Transición entrante, Ramón Luis Rivera.

“Hay que ver cuánto tengo en el bolsillo y hasta dónde puedo aspirar”, agregó el también alcalde de Bayamón.

El Ceacc sometió el borrador del Plan a la Legislatura en abril, pero el liderato y la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático optaron por engavetar el documento, sin realizar vistas públicas en las que se hubieran podido discutir potenciales enmiendas.

“Esto no es un documento terminado. Es un borrador que es vivo, dinámico. Tenemos la expectativa de que es en la Legislatura, cuando llegara, que se nos iba a apoyar para mejorar y fortalecer el plan”, manifestó la oceanógrafa Maritza Barreto, integrante saliente del Ceacc, quien acompañó en la vista al secretario interino del DRNA, Robert Méndez Martínez.

Asimismo, Barreto trajo a colación el análisis encomendado por el Ceacc a Estudios Técnicos y Tetra Tech, que concluyó que, para 2050, el costo de no implantar las estrategias del Plan ascendería a $379,000 millones, a consecuencia de daños provocados por los efectos incrementales del cambio climático a sectores como la manufactura, el turismo, la agricultura y el comercio.

En cambio, Oriol Campos, también del comité entrante, subrayó que un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa calculó que una muestra de las estrategias delineadas en el borrador del Plan supondría un impacto fiscal de $6,324 millones. “Eso es tomando en consideración 600 iniciativas, porque hay 200 que son indeterminables”, subrayó el también asesor legislativo.

Colberg Toro, quien consumió el primer turno de preguntas, puntualizó que, ante el potencial costo fiscal, corresponderá a la nueva Asamblea Legislativa definir “de forma prioritaria” aquellas acciones recomendadas que puedan ejecutarse inicialmente.

Méndez Martínez reveló, por su parte, que, a fin de año, el Ceacc contará con cuatro vacantes entre sus seis puestos permanentes, cuando se materialice la renuncia de Barreto, que se unirá a las salidas previas del climatólogo Rafael Méndez Tejeda, el catedrático en salud pública Pablo Méndez Lázaro y el experto en energía Roy Torbert. Del grupo original designado en 2019, solo quedarán en funciones el ingeniero Carl Soderberg y la meteoróloga Ada Monzón.

En ese sentido, el secretario interino urgió al nuevo gobierno a dar prioridad a las designaciones, toda vez que el Ceacc, además de orientar al nuevo gobierno en la evaluación del Plan, tendrá funciones de fiscalización una vez exista un documento aprobado.

Ante la inacción de los pasados meses, la nueva Asamblea Legislativa tendrá seis meses, a partir de enero, para actuar sobre el documento. De acuerdo con la Ley 33, si al final de la sesión entrante no se pasa juicio sobre el Plan, el documento pasaría, según sometido, a consideración de la gobernadora electa, quien tendría que aprobarlo o vetarlo.

De otra parte, Méndez Martínez indicó que el DRNA, al incluir las dependencias consolidadas en el 2018 –entre ellas, la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales– cuenta con 1,181 plazas ocupadas frente a 879 vacantes, lo que representa el 43% de los puestos.