En busca de una política contributiva simplificada y alineada con el desarrollo económico, la gobernadora Jenniffer González presentó este viernes una serie de medidas que forman parte de su paquete legislativo sobre reforma contributiva.

Las propuestas incluyen beneficios para individuos, familias, organizaciones sin fines de lucro, agricultores y empresarios. También se incorporan instrumentos para incentivar el ahorro y la inversión, como las cuentas IRA y las ABLE para personas con discapacidad.

En la conferencia de prensa celebrada para notificar las medidas, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró que se aprobarán la próxima semana en ambos cuerpos legislativos.

La gobernadora adelantó que el resto de las medidas de su reforma contributiva se presentarán en la sesión legislativa de agosto a diciembre.

A continuación, un resumen, según se detalló en un comunicado de prensa de La Fortaleza:

Se presentaron enmiendas a la Sección 1101.01 de la Ley Núm. 1-2011 para flexibilizar y agilizar la concesión de exenciones contributivas a organizaciones sin fines de lucro a nivel estatal, alineando este proceso con los criterios establecidos por la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal.

Para facilitar el cumplimiento contributivo de comerciantes y empresas mediante la consolidación de procesos en un solo sistema digital, se busca enmendar la Sección 6080.14 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para establecer un marco conceptual de acuerdo colaborativo entre el Departamento de Hacienda y los municipios.

Esta medida propone una serie de iniciativas para simplificar el cumplimiento contributivo de Puerto Rico mediante enmiendas a múltiples leyes. Busca reducir la carga de individuos y negocios y ordenar el intercambio de información de datos entre agencias, con el fin de mejorar la fiscalización y cumplimiento contributivo a través del uso de la tecnología. Incluye uniformar fechas de radicación de planillas, exigir evidencia para deducciones, redefinir el término “compañía de responsabilidad limitada” y centralizar planillas patronales en SURI, entre otras acciones.

Esta medida propone armonizar la deducción máxima permitida por aportaciones a cuentas IRA en Puerto Rico con la cantidad permitida por el Código de Rentas Internas Federal, aumentando la deducción de $5,000 a $7,000.

Se propone aumentar la deducción máxima por aportaciones a cuentas de ahorro para la educación de $500 a $1,000 anuales.

Esta medida busca eximir los medicamentos recetados del impuesto al inventario.

Se redefiniría el concepto de “agricultor bona fide” y se establecería una certificación oficial con vigencia de cuatro años para validar el cumplimiento con requisitos establecidos. Las enmiendas también buscan clarificar y fortalecer los beneficios contributivos dirigidos a este sector esencial para la seguridad alimentaria.

Se propone establecer en la ley local las Cuentas de Ahorro para Personas con Discapacidades (ABLE Accounts), para permitir que estas personas y sus familias puedan ahorrar sin afectar su elegibilidad para programas federales. Puerto Rico se uniría así a los 50 estados que ya han implementado este programa.

La medida aclara que la ganancia por la venta de una residencia principal está exenta de contribución sobre ingresos y contribución básica alterna, eliminando ambigüedades en la interpretación legal surgidas en enero de 2024.

Se propone extender por 10 años adicionales los beneficios fiscales otorgados a las unidades hospitalarias.

Esta medida propone enmendar la Ley 60-2019 con tres objetivos:

La medida reduce la tasa contributiva de todos los contribuyentes sobre ganancias de capital, dividendos e intereses a 4%, igualándola con la de los beneficiarios de decretos bajo la Ley 60-2019, sin necesidad de obtener un decreto.

Se propone extender la exención contributiva sobre ingresos por arrendamiento de propiedades residenciales ubicadas en Puerto Rico.