Un informe reciente de la Oficina del Contralor reveló que, al 31 de enero de 2024, cuatro demandas civiles presentadas, con un reclamo de $165 millones, contra tres entidades de la Rama Legislativa por razones de discrimen político-partidista, despidos y acciones disciplinarias permanecían detenidas por la Ley Promesa.

El estudio, que comprendió el período del 1 de enero 2018 al 30 de junio de 2023, demostró que 11 empleados radicaron ante el Tribunal federal una demanda contra la Cámara de Representantes con un importe reclamado de $16 milllones quinientos mil, 19 funcionarios demandaron a la Superintendencia del Capitolio por $117 milllones y 78 empleados presentaron una demanda contra la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa por $31 millones quinientos mil.

Según la Oficina del Contralor, la evaluación busca informar sobre el potencial impacto fiscal que estos pleitos puede tener en los fondos y en la administración de los recursos del Gobierno.

“La adjudicación de estas demandas a favor de los empleados resultaría oneroso y adverso para las entidades de la Rama Legislativa”, lee el informe.

El estudio, a su vez, reveló que, el 21 de junio de 2022, un tribunal estatal resolvió una demanda de acoso laboral a favor de la Comisión de Derechos Civiles presentada por dos empleados, sin importe reclamado.

Mientras, entre el 30 de noviembre de 2023 y el 20 de agosto de 2024, las siguientes cuatro entidades certificaron que, durante el período del análisis, no tuvieron demandas u otras acciones de personal incoadas, resueltas o pendientes de resolución: la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Oficina del Procurador del Ciudadano.

De acuerdo con la Oficina del Contralor, de las nueve entidades a quienes se les solicitó la información para realizar el informe, solo el Senado no certificó ni entregó los documentos solicitados.

El análisis le recomienda además al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, “considerar los resultados y orientar a los funcionarios principales de las entidades de la Rama Legislativa sobre los efectos adversos que tienen para el gobierno las acciones que se toman contra los funcionarios y empleados” por las razones mencionadas.

El pasado 18 de agosto, El Nuevo Día publicó que las demandas por razones de discrimen político-partidista, hostigamiento sexual y acoso laboral en la Rama Ejecutiva, presentadas entre 2018 y 2023, exponen al erario a pagar cerca de $105.3 millones a decenas de empleados de agencias y corporaciones públicas.

La cifra de $105.3 millones a la que está sujeta el Estado por concepto de las demandas en su contra proviene de la suma de las reclamaciones contra las agencias –$52,082,544 pendientes de resolución y $19,070,400 detenidas– y las corporaciones públicas –$34,184,164 pendientes–, hasta junio de 2023.

“Ya el año que viene hay un cambio de gobierno, y la realidad es que, por lo general, esto le cuesta al gobierno. Antes costaba muchísimo más, pero lo cierto es que hay mucha demanda que está paralizada por la Ley Promesa. La gente, a veces, no se da cuenta de que todas estas cosas (discrimen político-partidista) le cuestan dinero al fisco”, insistió la contralora Yesmín Valdivieso, en entrevista telefónica con este diario en ese momento.

La Oficina del Contralor preparó un estudio –el primero desde 2010–, en el que examinó las tres ramas de gobierno: Ejecutiva –que segregó en dos partes, 81 agencias y 68 corporaciones públicas–, Judicial y Legislativa. En el Poder Judicial, no se encontró ninguna demanda.

Para propósitos del estudio, se definió a las corporaciones públicas como “entidades gubernamentales con personalidad jurídica que ofrecen servicios económicos o sociales en nombre del gobierno”.

La dependencia con más demandas acumuladas en el período analizado fue el Departamento de Educación, que es la única con doble dígito, con un total de 19, de las cuales 12 son por acoso laboral y siete, por discrimen político.

En septiembre, la Oficina del Contralor espera presentar un informe relacionado con las querellas en todas las ramas de gobierno, ya que no todas llegan a los foros judiciales.