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Ética Gubernamental presenta querella contra el rector de la UPR en Carolina

La dependencia señala a José Meza Pereira por presuntamente otorgar alzas salariales indebidas a tres empleados de confianza en 2021

23 de junio de 2024 - 4:19 PM

José Meza Pereira ha sido rector del recinto de Carolina desde 2020. (Xavier Garcia)

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella en contra del rector del recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Meza Pereira, por aumentar el salario de empleados de confianza en contra de los reglamentos de la institución académica.

Los hechos se remontan a julio de 2021, cuando el rector concedió incrementos de sueldo de unos $150 mensuales a tres empleados, quienes estaban a cargo de las oficinas de Recursos Físicos, Finanzas y Recursos Humanos.

Las alzas no fueron autorizadas por el entonces presidente de la UPR, que en 2019 había emitido una directriz que establecía que “los cambios de sueldo para los nombramientos de confianza ya vigentes debían contar previamente con la autorización del presidente”.

Una portavoz del recinto de Carolina indicó que no emitirán comentarios mientras el proceso administrativo esté en curso.

De acuerdo con la querella, en 2022, la entonces presidenta interina de la UPR notificó a Meza Pereira sobre el incumplimiento con las normativas universitarias.

“El querellado infringió el Artículo 4.2 (b) de la Ley Núm. 1-2012 (Ley de Ética Gubernamental) al utilizar las facultades de su cargo como rector del recinto de Carolina para aumentar el salario a tres de sus empleados de confianza sin cumplir con las directrices impartidas por el presidente de la UPR”, estableció la OEG.

Dicho artículo de la Ley de Ética Gubernamental establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

Como remedio, la OEG solicitó la imposición de una multa administrativa, sujeto a la celebración de una vista. Asimismo, pidió que se ordene a la restitución de $4,510.50, correspondientes a los aumentos que recibieron los tres empleados entre el 1 de julio de 2021 y el 27 de abril de 2022, el período entre la concesión del alza y la notificación de la presidenta interina sobre el incumplimiento con las reglas de la UPR.

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