Toa Baja - Unas 105 familias recibieron este martes sus títulos de propiedad de manos de la gobernadora Jenniffer González, quien aseguró que, entre los recipientes, no hay invasores de terrenos ni con estructuras ubicadas en zonas inundables, aunque reconoció que su administración evalúa como hacerles “justicia” a estos otros casos “más difíciles”.

“Los casos que estamos viendo aquí son propiedades, son terrenos que eran del Estado o del municipio y se han hecho los debidos deslindes, las segregaciones y el gobierno le otorga un título de propiedad porque es un terreno que es vivible… que lo están viviendo y no tienen problemas de zonificación o problemas de inundación”, afirmó la primera ejecutiva, a preguntas de El Nuevo Día, durante una conferencia de prensa, en este municipio.

Además de Toa Baja, los beneficiarios de esta iniciativa del gobierno residen en Toa Alta, Dorado, Cataño, Comerío y Vega Alta, se informó.

La semana pasada, la gobernadora comenzó con la entrega de títulos de propiedad en Comerío, donde adelantó que seguiría haciéndolo a través de isla, ya que dio instrucciones a los jefes de agencia para identificar a estas familias.

Destacó que, en el Departamento de la Vivienda, se reservaron, desde la pasada administración, $40 millones –provenientes del programa de Subvenciones en Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG, en inglés)– para atender los problemas de titularidad de propiedades. De esa cantidad, dijo González, aún quedan $20 millones disponibles.

Según estimados de la gobernadora, más de 2,500 personas en todo el país carecerían de la titularidad de sus propiedades y han aguardado décadas por ese documento que los convierte en dueños oficialmente. Indicó que hay casos de familias que, en medio de reclamos al gobierno, se han perdido sus documentos o mueren algunos de los integrantes.

Atribuyó a “la dejadez del gobierno” el que no se haya hecho este ejercicio antes. Reconoció, sin embargo, que cada caso tiene que ser evaluado, y admitió que las llamadas invasiones de terreno–mediante las que se han establecido comunidades que datan de años– o familias que han construido en terrenos inundables son los “más difíciles”.

“Es el caso más crítico. Los casos más complejos para los que estamos examinando distintas alternativas, incluso, si se ha hecho algo con esto a nivel federal en algún otro estado. Esos son los más difíciles”, recalcó, sin poder precisar cuánto suman este tipo de casos.

A modo de ejemplo, mencionó que, entre las comunidades con un panorama escarpado para que el gobierno pueda concederles títulos de propiedad, están San Isidro y Villa Hugo, en Canóvanas, que fueron invasiones en un terreno federal inundable.

“Nosotros estamos buscando cómo formalizar la vivienda de estas personas que están en este tipo de comunidades y, por eso, esto es un asunto programático de esta administración”, reiteró.

Durante la conferencia de prensa, González, al igual que la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, recalcaron a los recipientes de la titularidad que debían completar ciertos trámites ante el Registro de la Propiedad y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, a fin de reclamar la estructura que por años han vivido como propia.

“Sabemos que estas familias han vivido demasiados años con la incertidumbre de no contar con la titularidad de sus viviendas. Poder entregarles esos documentos hoy es cumplir con un deber de justicia social que nuestro gobierno se comprometió a honrar”, declaró González.