Por una década, el gobierno de Puerto Rico perdió más de $4.2 millones en fondos públicos a causa de propiedad extraviada o manejada de manera “irregular” por parte de 81 entidades gubernamentales que, sin embargo, no completaron el proceso de notificación que se requiere para poder adjudicar responsabilidad y que esos actos u omisiones tengan consecuencias, de acuerdo con datos de la Oficina del Contralor.