El gobernador Pedro Pierluisi anunció este miércoles que el Departamento de Justicia trabaja en la firma de acuerdos con LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) dirigidos a garantizarles los servicios esenciales de agua y luz a las sobrevivientes de violencia económica, una de las manifestaciones de la violencia machista.

“El gobierno estaría siendo sensible y ayudando a estas víctimas a salir de ese ciclo de dependencia. Esto será un gran logro y ayudará a proteger miles de víctimas de violencia y sus familias”, señaló al abordar el asunto.

En síntesis, la iniciativa busca que a las sobrevivientes no se les corte el agua y la luz si no cuentan con los recursos económicos para pagar los servicios.

“Cuando una pareja ejerce ese control y crea una dependencia financiera, se crean obstáculos significativos para salir de una relación abusiva. Esto tiene un gran impacto en la seguridad y bienestar a largo plazo de una víctima y hasta de sus hijos, que puede llevar a la pobreza, falta de acceso a oportunidades educativas e incapacidad de cubrir necesidades básicas”, agregó Pierluisi.

Sus expresiones se dieron durante la celebración del simposio “Erradicando la Violencia de Género: Pare a la Violencia Económica”, celebrado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El foro estaba dirigido a los primeros respondedores del gobierno.

Desde julio del año pasado, la violencia económica es reconocida, por mandato de ley, como una de las modalidades de violencia de género. “La violencia económica es, en esencia, una herramienta de control que impide que las víctimas se liberen de la violencia de género y, por eso, es fundamental que nuestras políticas públicas, los programas de apoyo y leyes la reconozcan y la traten como una parte central de este problema”, abundó el primer ejecutivo.

La Ley 74 de 2023, firmada por Pierluisi, define la violencia económica como una conducta ejercida con el fin de menoscabar la capacidad financiera presente o futura, la estabilidad económica o la seguridad habitacional y de vivienda a través de amenazas, coerción, fraude, restricción o privación de acceso o uso de cuentas, activos, información financiera, tarjetas de identificación o crédito, dinero o asistencias gubernamentales.

“Este tipo de violencia impacta profundamente la autonomía y el bienestar de las mujeres y de otras personas en relaciones abusivas, por lo que combatirla es crucial, ya que afecta las posibilidades de las víctimas de ser independientes y perpetúa un ciclo de control”, subrayó.

Durante su mensaje, destacó otros estatutos aprobados bajo su administración, como la Ley 32 de 2021, para que en toda vista de causa probable por Ley 54 haya un representante del Ministerio Público, y la Ley 95 de 2023, que permite la otorgación automática de órdenes de protección en casos de reincidencia por violencia doméstica.

“La enmienda a la Ley 54 que tipifica este delito (violencia económica) es un reconocimiento a la realidad que muchas víctimas enfrentan, una respuesta necesaria a la ausencia de una referencia clara sobre esta forma de abuso”, expuso, por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa.

Otra medida destacada por Pierluisi fue la declaración de un estado de emergencia, el cual se mantiene vigente, la creación del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección, conocido como COPOP, y el desarrollo de primer protocolo para la investigación de feminicidios y transfeminicidios.

Este año, según datos de la Policía, se han registrado 46 feminicidios, dos de ellos perpetrados contra menores de edad. De estas, 18 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en casos de feminicidios íntimos. Mientras, cinco hombres adultos también han muerto en medio de incidentes de violencia doméstica.

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Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si atraviesas por una emergencia o incidente que requiere la intervención inmediata de las autoridades, llama al Sistema de Emergencias 9-1-1. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar, puedes comunicarte con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.