La administración de Jenniffer González asumió una posición combativa ante el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) divulgó el martes, un documento que incluye proyecciones de gastos futuros que, de materializarse, supondría costos incrementales del sistema eléctrico de, al menos, un 25% en los próximos cuatro años, que tendrían que sufragarse de las partidas que pagan los consumidores en sus facturas.

Para el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, la premisa de que los gastos de transmisión y distribución de la red –responsabilidad que LUMA Energy ostenta – aumentarían en casi un 150% para 2029 simplemente “no es razonable”.

“El mantenimiento, hoy en día, oscila entre $500 millones a $1,000 millones en el estado actual del sistema, sin mejorarlo con los $17,000 millones en fondos federales que la gobernadora obtuvo. Una vez esos fondos sean utilizados, esperamos mayor eficiencia en el combustible y que igual bajen los gastos de la operación u mantenimiento (de la red). ¿Cómo vas a proyectar que el gasto de mantenimiento, en cinco años, se va a casi triplicar?”, cuestionó este miércoles Domenech, en entrevista con El Nuevo Día.

El plan fiscal –que la JSF certificó formalmente el 6 de febrero, aunque no fue hasta tarde el martes que lo hizo público– contempla que, en términos generales, los gastos del sistema eléctrico crezcan de $4,487 millones en este año fiscal a $6,223 millones en 2029. En el caso de los gastos de combustible o compra de energía –la principal partida de costos operativos–, el incremento sería de $2,831 millones a $3,425 millones, un cambio de 20%. Sin embargo, la mayor diferencia radica en el componente de transmisión y distribución, donde la partida pasaría de $827 millones a $2,055 millones en ese período.

“Me parece inaceptable que la JSF emita un informe y certifique un nuevo plan fiscal sin siquiera sentarse a discutirlo con el gobierno de Puerto Rico, cuando yo he estado teniendo reuniones cada dos semanas físicas o por ‘Zoom’, o en conversaciones telefónicas semanales con el director ejecutivo de la JSF (Robert Mujica) y los miembros de la JSF”, dijo, por su parte, la gobernadora, en una conferencia de prensa, en el Centro de Convenciones, en Miramar.

Domenech precisó que la JSF no entregó copia del plan fiscal al gobierno hasta tarde en la noche del martes. Horas antes, Mujica sostuvo una reunión con el zar de Energía, Josué Colón, en la que, según el director de la Aafaf, solo se abordaron elementos generales del plan. Este miércoles, Colón no estuvo disponible para entrevista.

Tanto González como Domenech censuraron que las proyecciones revisadas por la JSF –un ejercicio que ha realizado anualmente– se fundamenten mayormente en datos y estimados presentados por LUMA y Genera PR, operador de la flota de generación, sin atravesar un proceso de “validación”.

“En cualquier entrega de documentos por un ente tercero, para cosas fiscales, tú validas que la información sea correcta, que no sea un escenario irreal o descabellado. Eso no está aquí porque ellos hicieron un ejercicio nunca antes visto de no validar la información que se les proveyó por operadores privados. Estos no son los datos del gobierno, sino operadores privados”, puntualizó Domenech.

El plan fiscal de la AEE, entre otros elementos, enfatiza que, a largo plazo, serán necesarios entre $18,000 millones y $24,000 millones adicionales a las asignaciones federales ya disponibles para modernizar la red, un cálculo que ya LUMA había provisto al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), como parte de la revisión del Plan Integrado de Recursos, documento que, entre otras cosas, contempla las modificaciones en la flota de generación e iniciativas para reducir el consumo.

Domenech insistió, sin embargo, en que esos estimados no aquilatan correctamente el efecto de eficiencias producidas por conversiones de unidades de generación al uso de gas natural, la entrada en servicio de sistemas de baterías de almacenamiento o la construcción planificada de plantas nuevas, como el proyecto Energiza en el muelle de San Juan.

No obstante, subrayó que las conclusiones de la JSF no garantizan un aumento tarifario tan sustancial como el que se desprendería del plan fiscal, toda vez que es un asunto en manos del NEPR. “El NEPR tomará otras fuentes de información para decidir eso”, dijo.

Por otra parte, aunque la JSF, por primera vez, abrió la puerta para que el repago de los acreedores de la AEE –estimado en $2,600 millones– provenga de fuentes externas a la AEE, sin ofrecer alternativas específicas, Domenech recalcó que la ausencia de comunicación directa con el organismo le impide pasar juicio en esta etapa. En campaña, González prometió que buscaría que el repago se hiciera con el efectivo disponible del gobierno central, una opción que Mujica, sin embargo, descartó.

“Es algo que la Junta no ha discutido con nosotros”, indicó Domenech.