Un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) encontró irregularidades en la operación de una de las nueve empresas municipales del Municipio de Mayagüez, pero la agencia emitió una opinión de abstención sobre las operaciones fiscales del ayuntamiento al no obtener evidencia para validar si seguían las leyes y reglamentaciones vigentes.

El informe de 43 páginas, que cubrió un periodo del 1 de julio de 2017 hasta el 28 de febrero de 2023, detalló nueve hallazgos sobre la operación de la empresa municipal Mayagüez Economic Development, Inc., (MEDI), una de las entidades que forman parte del caso por incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos contra el exalcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez y la exdirectora de finanzas del municipio, Yahaira Valentín Andrade.

Según el informe, luego de que la OCPR solicitó los documentos fiscales sobre nueve empresas municipales, la funcionaria a cargo de la Oficina de Finanzas y Presupuesto del municipio solo entregó información incompleta deMEDI, fundada en 2014.

El informe de la OCPR reveló varias irregularidades detectadas por los auditores de la agencia.

Entre ellas, el informe señaló que el municipio desembolsó $1.6 millones en pagos sin evidencia, mientras que los auditores de la OCPR no pudieron identificar el paradero de una transferencia de $606,000 a un banco de España, transferida a manera de préstamo a MEDI de parte de una entidad privada que no fue identificada, con el propósito de obtener una línea de crédito por 500 millones de euros para financiar el Plan Mayagüez 2032.

La OCPR añadió que la Junta de Directores de MEDI no ofreció información sobre si se concretó el financiamiento de los 500 millones de euros, que, posteriormente, fueron transferidos a otra cuenta bancaria en Londres.

Asimismo, los auditores encontraron que otras 71 transferencias, por un total de $383,000, carecían de información que justificara su utilidad y beneficio. Entre estas, las transferencias realizadas a una compañía de programación para computadoras en Nueva York, a beneficiarios con domicilios en España y a un banco en Turquía.

Del mismo modo, en 2015 se pagaron $47,000 por un viaje del director ejecutivo de MEDI y dos asesores financieros del municipio a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Según se indicó, el viaje se realizó para completar las gestiones para un préstamo de $4,000 millones que refinanciaría la deuda del municipio. El vicealcalde aprobó el viaje y el entonces alcalde tenía conocimiento. Sin embargo, el financiamiento nunca se concretó.

La auditoría realizada por la OCPR reveló, además, que varias transacciones hechas fuera de las estipulaciones de la ley beneficiaron a cuatro compañías privadas, todas registradas a nombre del director ejecutivo de la empresa MEDI Films y de una persona identificada como “asesor financiero 1″.

La OCPR aseguró que estas personas incurrieron en un conflicto de interés al utilizar su cargo en la empresa municipal para beneficiarse y hacer negocios con sus compañías privadas.

“El entonces director ejecutivo de MEDI Films firmó con la Cooperativa A los contratos de los préstamos y líneas de crédito por $4.3 millones para financiar películas, que depositó en las cuentas de sus corporaciones A y B en la Cooperativa A. Del 2017 al 2018, recibió, en su carácter personal, 10 pagos por $94,000 de sus corporaciones”, indicó la OCPR en el informe.

“El asesor financiero 1 también utilizó su cargo para beneficio propio y de las corporaciones C y D de las cuales formaba parte, con las líneas de crédito garantizadas por MEDI, con propiedad pública. Al respecto, recibió pagos de la cuenta A y B por la suma de $921,000″, añadió la agencia.

La auditoría también señaló que, al 31 de mayo de 2022, MEDI no había reembolsado al municipio el capital inicial recibido por $5 millones por concepto del canon de arrendamiento del Hospital Dr. Ramón Emeterio Betances y aportaciones directas del municipio.

Además, MEDI y MEDI Energy, Inc. —otra empresa municipal creada en 2015 para generar negocios con energía renovable— obtuvieron un préstamo comercial con una cooperativa no identificada por $1.5 millones, de los cuales $1.4 millones servirían de garantía para financiar por $12 millones la adquisición de generadores de energía para el Centro Médico de Mayagüez con una corporación de Canadá.

Al 11 de octubre de 2022, MEDI le había pagado a la cooperativa $422,000 en intereses y $275,000 al principal del préstamo.

La OCPR también encontró que la empresa municipal Mayagüez Economic Development-Financial Strategies, Inc. (MEDFS), fue incorporada en el Departamento de Estado por el asesor financiero 1 del municipio para promover el desarrollo comercial de Mayagüez. Sin embargo, se realizó sin la autorización de la Legislatura Municipal, ni de la administración municipal.

“Esta situación propició el fraude relacionado con los $9 millones que el municipio le transfirió el 29 de marzo de 2016 a MEDI para invertirlos y generar ganancias”, sostuvo la OCPR.

El Municipio de Mayagüez no incluyó en sus estados financieros auditados la información financiera de MEDI, ni tampoco presentó la posición financiera de MEDI. Por esta omisión, los contadores públicos autorizados emitieron una opinión adversa en los estados financieros del 2017 al 2022.

“Esta situación se atribuye a que el alcalde y la gerente de Finanzas se apartaron de las disposiciones reglamentarias del Código Municipal de 2020, y de la Ley de Municipios de 1991″, enfatizó la OCPR.

Al 15 de noviembre de 2023, señaló el informe, el municipio no había efectuado auditorías ni monitoreos de las operaciones de las empresas municipales.

“Esta falta de supervisión adecuada por parte de los alcaldes en funciones propició la suspensión sumaria del entonces alcalde, el proceso judicial contra este y de la gerente de Finanzas y Presupuesto. Además, la falta de fiscalización derivó en que no se pueda detectar a tiempo situaciones que llevaron a los procesos judiciales contra el exdirector ejecutivo de MEDI, a tres asesores financieros, a un asesor legal y a otras dos personas”, añadió la OCPR.

El director ejecutivo de MEDI, Alejandro Riera Fernández, fue declarado culpable a nivel federal el 9 de noviembre de 2022 de cuatro cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Asimismo, la Junta de Directores de MEDI estaba presidida por el exalcalde, mientras que la tesorera era la gerente de Finanzas del Municipio, y tres funcionarios municipales actuaban como miembros.

El exjuez Arnaldo Irizarry, quien fungió como asesor legal de Rodríguez, también fue declarado culpable por un jurado federal.

La auditoría resaltó que el municipio pagó $2.4 millones a un bufete de abogados para recuperar de las casas de corretaje la pérdida de $9 millones por el fraude.

Al 2 de febrero de 2024, quedaban aún pendientes por resolver dos demandas civiles contra MEDI por $8.1 millones. Una de las demandas incluyó a MEDI Films como demandado por $6.5 millones y reclamaba la ejecución de gravámenes mobiliarios, la ejecución de hipoteca y enriquecimiento injusto, entre otros.

Un juzgado de Alicante, en España, le requirió a MEDI el pago de 6.7 millones de euros el 9 de noviembre de 2022. El demandante le reclamó a MEDI y a Mayagüez Economic Development Iberica, S.L.U., el pago de servicios prestados relacionados la emisión de una obligación corporativa por 500 millones de euros, viajes a Hong Kong, Londres y Portugal para asesorar la colocación de la obligación a interesados, y por la solicitud de una segunda emisión de bonos por 10 millones de euros.