Adjuntas - Minutos antes que un problema de generación eléctrica provocara un apagón que dejó a decenas de miles de abonados sin servicio este lunes, la gobernadora Jenniffer González afirmó que su prioridad, en este momento, es precisamente la producción energética para dar estabilidad al sistema.

Aseguró, sin embargo, que su promesa de campaña de rescindir el contrato de LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución eléctrica, se mantiene inalterada.

“Déjame asegurarme de tener luz en este momento. Eso (la cancelación del contrato) va a ocurrir, y yo no voy a descartar ninguna de las cosas que mencionaste, pero en este momento, nos estamos enfocando en tener luz”, afirmó la primera ejecutiva, a preguntas de El Nuevo Día.

El gobierno, según informes de prensa (Noticel), recibió un memo de una firma consultora de abogados con un análisis sobre las opciones “potenciales” para dar por terminado el contrato con el consorcio. González dijo que no descarta “ninguna” de las vías que proponen los asesores.

El estudio fue realizado por el bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (CGSH) y establece que se podría rescindir el contrato por una de cuatro justificaciones: declarar incumplimiento; rescindir el contrato sin declarar incumplimiento y litigar para no proveer un pago a LUMA Energy argumentando que el operador ha causado daños; que el consorcio indujo al gobierno a escogerlos mediante fraude, o expropiarle el sistema de transmisión y distribución.

“Se va a atender, pero tengo que tener luz primero”, insistió González cuando se le cuestionó sobre su promesa de campaña.

De paso, recalcó que, cuando nombró el ingeniero Josué Colón como director de las Autoridad para las Alianzas Público Privadas y zar de Energía, lo hizo consciente de su compromiso respecto a LUMA. Aseguró que Colón se mantiene evaluando el tema.

“Cuando nombramos al ingeniero Josué Colón, lo hicimos para que hiciera una total supervisión. Esto se decidió en la campaña electoral. Esto no es nuevo. Ahora tenemos, en este momento, una prioridad, y es que no tenemos generación suficiente, y ese problema de generación la gente en la casa quiere que cuando prenda el ‘suiche’ de la bombilla, prenda, y yo tengo que asegurarme que tengamos luz", destacó la gobernadora.

Sus expresiones se produjeron antes que 301,830 clientes se quedaran sin servicio durante la tarde debido a la salida abrupta de varias unidades de generación. Las regiones más afectadas fueron Bayamón, con 95,720 abonados sin servicio, Caguas con 60,381 y San Juan con 44,193.

De otra parte, la gobernadora repudió que un equipo de mediación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que tiene a su cargo la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), haya propuesto contratar a una firma de asesoría a un costo de $1 millón mensuales. De paso, anticipó que este martes participará de la reunión pública convocada por el ente fiscal.

“Esto de la Junta, no lo pagan ellos. Lo paga la gente, lo paga el pueblo”, sostuvo.

“Nos crea un gasto adicional. La pregunta es, son asesores para determinar si vamos a seguir un pleito, si se va a transar el pleito. Originalmente, se quedaría transar por $2,600 millones. Ya va por $8,000 (millones). ¿Qué clase de asesoramiento es ese? Yo quiero discutir eso con la Junta porque, obviamente, litigar esto más tiempo le puede costar más dinero al pueblo de Puerto Rico”, abundó.

Respecto al dinero necesario para que los jubilados de la AEE reciban sus pensiones a partir de abril, González puntualizó que el dinero “va a tener que aparecer”.

“No te puedo decir, en este momento, de dónde va a salir, pero evidentemente es una responsabilidad que vamos a atender”, dijo.

“Esto es un tema importante para nosotros, y nosotros vamos a estar bien pendiente de que los pensionados puedan cobrar”, agregó.

Desde el año pasado, Johnny Rodríguez, portavoz de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE y presidente de la Asociación de Jubilados de la corporación pública, ha denunciado que solo hay dinero hasta marzo para pagar a las pensiones. Mensualmente, el pago de las pensiones conlleva un gasto gubernamental de poco más de $25 millones.