La gobernadora Jenniffer González Colón indicó este viernes que apostará a atajar la incidencia criminal en Puerto Rico como un asunto social, desde distintos flancos, que van desde enseñar sobre el manejo de emociones en las escuelas hasta el reclutamiento de más policías y la colaboración con las autoridades federales.

“Tiene que haber un trabajo con las organizaciones sin fines de lucro, en nuestros hogares, en las escuelas, cómo se comporta el Departamento de la Familia, cómo el Estado da las herramientas en ley. La seguridad o el crimen va más allá de la figura de un agente (policíaco). Nos toca a todos”, aseguró.

Reconoció, sin embargo, que el reclutamiento de nuevos uniformados es necesario, pues muchos de los oficiales activos ya están cerca de la edad de retiro. Por tanto, consideró que, para incentivar el reclutamiento, las escuelas superiores deben tener un curso para quienes deseen entrar a la Academia de la Policía.

Asimismo, describió como “importante” ampliar las relaciones con las autoridades federales, mediante memorandos de entendimiento que permitan compartir inteligencia, coordinación y personal.

“Hay información que tiene que ver gangas y narcotráfico que trascienden las líneas interestatales. Son organizaciones internacionales y algunas que tienen vínculos con establecimientos en otros estados. Así que, cuando tú puedes incorporar toda esa data, ayuda”, expresó.

Con la expectativa de un impacto a mediano y largo plazo, señaló que su administración buscará implantar un currículo de “manejo de emociones” en las escuelas públicas, a fin de que próximas generaciones salgan “a la calle con herramientas para no tener que llegar al uso de violencia; esa es una herramienta”.

Esto último fue una propuesta que González Colón hizo en su campaña política, pero aún no ha detallado cuándo y cómo comenzaría a implantarse.

“Estamos hablando de garantizarle a la gente que pueda disfrutar y tener calidad de vida, donde se le respeten sus derechos, donde no se infrinja su salud física, corporal, emocional y donde pueda aspirar al máximo de las oportunidades donde vive”, indicó, tras un evento oficial.

De otra parte, la gobernadora informó que aún evalúan la magnitud del impacto que tendrán las órdenes ejecutivas de Donald Trump respecto a los programas que ofrecen servicios o recursos a personas inmigrantes con estatus no regularizado.

“Lo que está pasando con las órdenes ejecutivas presidenciales sí tiene un impacto. De hecho, se acaban de bajar memorandos internos en las agencias. Por ejemplo, en el Departamento de la Vivienda federal, (se ordenó que) si hay ‘grants’ o fondos que incidan en algunas de estas áreas con servicios a personas que no estén legalmente en la jurisdicción, se eliminen”, informó.

Sin embargo, aseguró que muchos de los programas se rigen por “la política pública de la pasada administración federal, que sí había sido proactiva en permitir unas cosas”.

“Esa evaluación se sigue haciendo porque no queremos ser irresponsables de pasar por alto, quizás, un programa que está atendiendo a determinada población. Eso será parte de lo que discutiremos con las agencias federales, porque no vamos a poner en riesgo perder la totalidad de los fondos federales en una agencia con servicios que se pudieran estar dando. Eso incluye no solamente de la comunidad inmigrantes, eso habla también de servicios a categorizaciones por cuestión de género”, añadió.