A pesar del reclamo de ciertos sectores que pedían su veto, la gobernadora Jenniffer González estampó su firma este domingo en el Proyecto del Senado 1, que pasó a ser la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico (Ley 14-2025).

Mediante un comunicado de prensa, La Fortaleza anunció la firma de la medida, que tiene entre sus autores al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“En el marco del Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley la medida que establece como política pública el compromiso inquebrantable del gobierno de promover la libertad religiosa como un derecho inalienable del ser humano y establece los Principios Generales de la Libertad Religiosa”, lee el parte de prensa.

También fueron autores de la medida la senadora por acumulación de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve; los senadores por el Distrito de Arecibo, Brenda Pérez y Héctor González; los senadores del Distrito de Aguadilla, Karen Román y Jeison Rosa; la senadora por el Distrito de Bayamón Migdalia Padilla y el senador por acumulación Gregorio Matías.

Rivera Schatz, a través de sus redes sociales, agradeció a la mandataria y a sus pares en el Senado y la Cámara de Representantes por permitir que el proyecto se convirtiera en ley.

“Agradezco, además, a mi compañero Carlos ‘Johnny’ Méndez, presidente de la Cámara, y nuestra delegación en el cuerpo hermano por su apoyo. De igual forma, a todos los compañeros del Senado que votaron a favor del mismo”, expresó el presidente senatorial.

De inmediato, miembros de la Junta Directiva y del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, así como las organizaciones federadas, convocaron una conferencia de prensa para este lunes con la intención de “declarar como enemiga de la equidad a la gobernadora Jenniffer González por firmar en ley el proyecto que da licencia para discriminar con la excusa de la libertad religiosa”. La conferencia será en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico a las 10:00 a.m.

“Mañana (lunes), la Federación, que compone a más de 100 organizaciones y cientos de personas en su carácter individual, vamos a declarar como enemigos de la equidad a la gobernadora, a la Legislatura y al gobierno del Partido Nuevo Progresista por la firma de la primera ley en la historia de Puerto Rico que legaliza el discrimen”, dijo el presidente de la Federación, Pedro Julio Serrano.

Preguntado si acudirán al tribunal a retar el nuevo estatuto, Serrano respondió: “Eso nosotros lo estamos contemplando y lo vamos a determinar en las próximas semanas. Pero sí es una de las opciones, que lo hemos dicho desde el principio, que está sobre la mesa porque claramente es inconstitucional”.

De paso, recordó que, desde que se comenzó a discutir el Proyecto del Senado 1, hicieron llamamientos públicos a los legisladores y a la gobernadora para que no le dieran paso.

Según algunos sectores, la ahora ley permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basado en sus creencias religiosas. Además, los detractores del proyecto argumentaron que permitiría el discrimen en términos de que las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien.

Sin embargo, La Fortaleza expuso lo contrario al anunciar la firma del proyecto.

“Ofrece protección expresa contra cualquier discrimen y afirma, que, debido a la función preventiva y disuasiva de este estatuto, tanto los empleados como los patronos del sector público deberán buscar acomodos razonables previo a que surjan situaciones conflictivas predecibles evitando, de esa manera, que los ciudadanos que requieran servicios públicos sufran pérdidas de tiempo o falta de comprensión ante sus creencias dogmáticas”, se informó en el escrito.

“Del mismo modo, esta ley busca evitar que las iglesias u organizaciones con base de fe sean discriminadas por motivo religioso en servicios gubernamentales, concesión de permisos, acceso a fondos, materiales, propuestas y préstamos u otros programas que estén disponibles a otras entidades no religiosas”, agrega.

Los defensores de la ahora ley han argumentado que tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano en diversos contextos, incluyendo a empleados de las tres ramas de gobierno, y establece remedios legales para aquellas personas que entiendan se les ha coartado esa garantía.

Asimismo, han dicho que, con el nuevo estatuto, se reconoce el derecho de los padres y madres, en el caso de una epidemia, “a negarse a que sus hijos sean vacunados” y “que el Estado no puede imponer multas o penas de cárcel a los padres que, por sus creencias religiosas, no quieran inmunizar a sus hijos”.