La gobernadora Jenniffer González defendió, este domingo, la firma de una orden administrativa que dispuso archivar los casos relacionados con construcciones ilegales en La Parguera, en Lajas; entre ellos, el de una propiedad de sus suegros, y anticipó que se propone elevar a rango de ley lo establecido en el documento avalado por el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, a solo horas de haber sido nominado al cargo.

Igualmente, González no descartó que puedan tomarse medidas similares respecto a otras áreas en las que haya situaciones parecidas y negó que algún miembro de su comité de transición haya sido el autor del documento, pero felicitó a Quiles por haberlo firmado tras conocer sobre su existencia.

“¿Cuál era la opción? ¿Tumbar todas las casas que hay en La Parguera cuando llevan 50, 60 años? No. Felicito y agradezco al secretario de Recursos Naturales que haya hecho lo que tenía que hacer en términos de terminar con un limbo que existe para todos estos residentes”, señaló la gobernadora, en una conferencia de prensa en la que anunció nombramientos adicionales a su gabinete.

El jueves, poco después de que se anunciara su designación, Quiles firmó una orden administrativa mediante la cual dispuso archivar las investigaciones relacionadas con construcciones ilegales en La Parguera al considerar que estos casos se han “convertido en académicos” tras adoptarse la nueva norma.

Con dicha acción, el secretario –cuya designación será evaluada ahora por el Senado– dejó sin efecto, entre otras posibles investigaciones, la pesquisa que llevaba a cabo la agencia contra los suegros de la gobernadora, José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, por la presunta construcción ilegal y daños en la Reserva Natural La Parguera.

“Yo creo que el secretario fue bien diligente porque ya estaba listo, esto estaba redactado allí, no se redactó aquí, estaba redactado allí, él lo vio y lo firmó, y va a tono con la política pública de esta administración”, afirmó la primera ejecutiva, al sostener que la pasada secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, se negó a firmar la orden, dijo, por supuestas razones político partidistas.

“Ella (Rodríguez) pudo haber resuelto esto, pero había una intención de persecución”, expresó, al culminar la rueda de prensa, desde La Fortaleza. “Que esa orden estuviera hecha allí por empleados de la agencia y que la entonces secretaria se negara a firmarla es la mejor muestra de que esto (la investigación) tenía nombre y apellido”, insistió.

Desde mayo del año pasado, el DRNA investiga una querella contra el matrimonio Vargas Llavona por el presunto corte ilegal de mangles y supuestamente haber realizado, sin los debidos permisos, trabajos de ampliación y remodelación de un tablado o muelle en la residencia que adquirieron en La Parguera, en 2017. Los suegros de la gobernadora han negado los señalamientos.

La orden administrativa 2025-001 establece, además, el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público en ese litoral. El monto de los cánones aún no está definido.

“La orden administrativa no dice que tú puedes construir ahí. Esa orden administrativa dice que tú no puedes ampliar la huella existente”, argumentó la mandataria sobre la controversial normativa, que provocó reacciones inmediatas de diversos sectores, incluso, entre los senadores que tendrán a cargo evaluar las credenciales de Quiles.

González anticipó que presentará un proyecto de ley igual a uno vetado, en 2016, por el exgobernador Alejandro García Padilla y que hubiera legitimado las casas enclavadas en aguas de La Parguera mediante la designación de una zona de planificación especial que les hubiera dado permanencia en terrenos de dominio público.

En ese momento, la medida fue rechazada por ambientalistas, juristas y miembros de la sociedad civil. Entre los argumentos esbozados, estaba el peligro que representaban las residencias construidas sobre pilares para los recursos naturales de la zona y que la legislación podría abrir la puerta para la proliferación de proyectos de infraestructura en las costas del país y, por ende, la privatización del litoral.

Para la gobernadora, sin embargo, la política pública propuesta en ese proyecto –que va a tono con la de su administración– eliminaría el limbo político en el que permanecen los propietarios de estas residencias. Cuando se discutió la pieza legislativa, González era representante y le votó a favor.

“Ese proyecto de ley que aprobó la Cámara y el Senado... nosotros lo vamos a radicar y... la Asamblea Legislativa tendrá la oportunidad de revisarlo, de atemperarlo y de proteger nuestro ambiente, pero protegiendo también a los dueños de esas propiedades”, anticipó la gobernadora.

El Proyecto del Senado 1621 de aquella sesión fue presentado por el senador del Partido Popular Democrático (PPD) Antonio Fas Alzamora y su homólogo del Partido Nuevo Progresista Larry Seilhamer.

“Lo que no se hizo, al 31 de diciembre, por la pasada administración no mueve un papel, es de ahora en adelante, y yo estoy a favor de la orden administrativa y de la política pública del gobierno, que es lo que el secretario ha hecho”, subrayó González.