La gobernadora Jenniffer González encomendó al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la confección de un memorando y un proyecto de ley que provean lineamientos específicos para evitar conflictos de interés en el gobierno central.

“Van a ver un memorando que va a estar saliendo para evitar conflictos de interés, (con medidas que incluyen un) registro de cabilderos. He dado instrucciones al secretario de la Gobernación a que redacte -y que ya vi- un primer borrador y también un proyecto de borrador de ley para atender ese tipo de cosas”, sostuvo la primera ejecutiva cuando se le preguntó si, durante su administración, realizaría cambios a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ante las dispensas que ha otorgado a funcionarios del pasado gobierno para que laboren en la empresa privada.

“Yo, cuando corrí (para la gobernación), le dije al pueblo de Puerto Rico que no íbamos a tener tolerancia ni contra la corrupción ni contra los conflictos de interés en las contrataciones”, subrayó González.

Destacó que, en ocasiones, personas vinculadas al gobierno como contratistas “se convierten en cabilderos, y nadie sabe quiénes son o qué compañías son o quiénes son los accionistas de esas compañías”.

Abundó que el memorando que emitirá Domenech será distribuido entre las agencias de gobierno, aunque no precisó cuándo estaría listo. El secretario de la Gobernación, también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), ha sido señalado por la oposición política por presuntos conflictos de interés al haber sido cabildero de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando encabezaba la firma Politank -cuya participación vendió- y ocupar los dos puestos que ostenta hoy. El funcionario ha negado los señalamientos.

Las declaraciones de la gobernadora fueron en respuesta a informes del Centro de Periodismo Investigativo que indican que la OEG determinó que no existe conflicto en la contratación de la exsecretaria de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Eileen M. Vélez Vega como directora estratégica de Infraestructura de Kimley-Horn, empresa que mantuvo contratos con dos corporaciones públicas en las que la exfuncionaria dirigió la Junta de Directores.

“Ciertamente, una cosa es lo que dice la Ley (de Ética Gubernamental), pero otra cosa es la percepción. Y la percepción de ética debe ser una de corrección y no puede ser... imagínese, qué garantías tú tienes de que, como parte de esa Junta, se hubieran hecho conversaciones o negociaciones”, comentó la mandataria sobre la dinámica que entiende pudo haberse dado en las juntas directivas de la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de los Puertos, que presidía Vélez.

González aludió, además, a “dos varas”, al preguntársele sobre la forma en que la OEG manejó las consultas que le hicieron el ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía, Josué Colón, y el ex secretario auxiliar de Asuntos Energéticos de La Fortaleza bajo la administración de Pedro Pierluisi, Francisco Berríos Portela.

La OEG no vio impedimento para que Berríos Portela pasara a trabajar, en enero, como director de desarrollos comerciales para la empresa Quanta Services Solutions Puerto Rico (QSSPR),matriz de LUMA Energy LLC, pese a que, hasta diciembre, su trabajo principal era fiscalizar al consorcio.

En cambio, la OEG no dio el visto bueno a Colón a la consulta que hizo para laborar con LUMA Energy o Genera PR. González opinó que la agencia hizo lo correcto con la determinación de Colón, a quien agradeció por aceptar el cargo de zar de Energía y director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas.

“Eso dice por qué, en este caso (el de Colón) no (autorizó); me parece que es lo correcto. Y en el caso de la persona que era ayudante del gobernador, que supervisaba a LUMA, sí. Yo creo ahí hay una inconsistencia, así que yo me alegro que (Colón) haya pedido esa opinión, porque eso te habla de que hay, parece, dos varas para medir un mismo asunto”, puntualizó la gobernadora.