La gobernadora Jenniffer González afirmó este martes que seguirá adelante con su propuesta de reforma contributiva, aun con la advertencia del director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert F. Mujica, sobre el efecto nocivo al fisco de algunas de las iniciativas que han sido adelantadas para la consideración de la Asamblea Legislativa.

“Aquí, hay unos compromisos programáticos, que están en una plataforma, que se discutieron en el proceso de campaña, que desde enero de este año ha habido reuniones periódicas, dos veces por semana, de un comité contributivo. Siempre hablé de que íbamos a presentar una primera propuesta, en estos primeros seis meses (del cuatrienio), y una reforma contributiva cabal, luego del presupuesto del nuevo año fiscal, a partir de agosto. Estamos cumpliendo con esos compromisos programáticos”, subrayó González.

Sus expresiones se dieron en respuesta a una carta que Mujica le envió el lunes a ella, así como a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, en la que les advirtió que “los proyectos de ley se están tramitando al margen del proceso presupuestario en curso entre la administración y la Junta de Supervisión para el próximo año fiscal 2026″. Mujica aludió a nueve proyectos, pero el viernes pasado, al anunciarlos, la gobernadora habló de 13.

“El impacto fiscal y presupuestario de estos nueve proyectos de ley no ha sido evaluado en su totalidad, ni se ha publicado ningún análisis por parte del Ejecutivo ni la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa”, reza la misiva de Mujica, de cuatro páginas. “Estos proyectos de ley no pueden promulgarse sin comprender plenamente las consecuencias para las finanzas de Puerto Rico a corto y largo plazo. Hacerlo demostraría una continua falta de responsabilidad fiscal y una violación tanto del espíritu como del mandato de la ley Promesa”, agrega.

Según Mujica, la JSF recibió las propuestas “a fines de la semana pasada”, por lo que continúan “en el proceso de revisión”. La Cámara de Representantes, en su sesión del lunes, aprobó cuatro de ellas.

“Ninguno de los proyectos de ley requiere una acción acelerada de emergencia”, expone la carta, en la que Mujica alertó que la intención de llevar los proyectos a votación en un corto plazo “deja, una vez más, a la Junta de Supervisión como la única institución encargada de evaluar el impacto fiscal de la legislación antes de su promulgación”. “Estos proyectos de ley también afectarán el presupuesto para el año fiscal 2026″, enfatizó.

Pero la gobernadora rechazó este planteamiento durante una conferencia de prensa en la que anunció el inicio de las obras de construcción de un complejo residencial y hotelero en el Distrito de Convenciones.

“El secretario de Hacienda (Ángel Pantoja) sometió cuánto es el costo de cada una de estas iniciativas, al igual que (la) Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal). Decir que no hay (análisis fiscal) no es correcto; no solamente se toma en consideración, sino que algunas de estas medidas van a generar (ingresos). Por ejemplo, el (proyecto) del pago del 4% de los que vienen por la Ley 60 genera ingresos”, sostuvo González.

Aunque la JSF reconoció que el sistema tributario requiere cambios, Mujica recalcó, en su carta, que es necesario hacerlos de manera pensada, y trajo a colación los cambios en política pública que se están dando en Estados Unidos y que impactarán a Puerto Rico.

“Alrededor de la mitad del presupuesto del Estado Libre Asociado, para el año fiscal en curso, depende de fondos federales. El impacto total de cualquier reducción no está claro en este momento. Sin embargo, ya sabemos que Puerto Rico no tiene el sistema fiscal o la capacidad para reemplazar fondos federales”, destaca la misiva.

“La Junta de Supervisión trabajará con la gobernadora y su administración para analizar el efecto de los cambios en la política y el financiamiento del gobierno federal para Puerto Rico. Añadir más incertidumbre a través de proyectos de ley que podrían reducir los ingresos del gobierno en este momento no sería prudente”, añade.

Pese a este cuadro, González insistió en sus medidas para reformar el sistema tributario. Cuestionada sobre si teme que la JSF detenga cualquier ley aprobada por entender que no es cónsona con la ley Promesa –como ha hecho en el pasado–, respondió: “Creo que no”.

“Ellos (JSF) se han manifestado a favor de ellas (medidas contributivas) en otras ocasiones. Nos han pedido que hay algunos documentos que quieren revisar, que quieren ver el impacto fiscal de, por ejemplo, la (medida) del 4% y la de la excepción de la Ley 60, así que esas no se aprobaron en la Cámara”, afirmó.