Días después de solicitar al presidente Joe Biden una declaración de emergencia por la crisis energética en Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González realizó cinco peticiones al Departamento de Energía (DOE, en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para impulsar una serie de estrategias asociadas a la flota de generación eléctrica, incluyendo la asignación de fondos para instalar unidades temporales adicionales.

González, en una misiva a la administradora de FEMA, Deanne Criswell, y la secretaria del DOE, Jennifer Granholm, adoptó la propuesta de Genera PR –administrador de la flota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)– para sumar 565 megavatios (MW) en generadores portátiles, un proyecto que sería similar a la misión que el gobierno federal lideró en 2023, cuando se instalaron 350 MW en seis meses a través de unidades ubicadas en las centrales Palo Seco y San Juan.

“La generación adicional propuesta se instalaría en la huella de las plantas de generación existentes, utilizando la infraestructura disponible para minimizar los tiempos de implementación y los costos y cualquier nuevo impacto ambiental o instalaciones de transmisión. Se ha estimado que se necesitarán unos 565 MW adicionales por un período de dos años hasta que los proyectos de baterías y de unidades de resguardo, ahora en desarrollo, se completen”, afirmó la primera ejecutiva en la carta.

La gobernadora, simultáneamente, reclamó que el gobierno federal extienda, al menos hasta 2029, la autorización para el uso de los generadores portátiles que se instalaron en 2023. En marzo del año pasado, la AEE compró 14 de los 17 generadores que había provisto el gobierno federal y, tan reciente como el 31 de diciembre –coincidiendo con el apagón general de ese día–, FEMA extendió el permiso de uso desde 2025 a 2027.

Como uno de los argumentos en esa dirección, la mandataria puntualizó que, a finales de 2027, se perderá la producción eléctrica de la cogeneradora AES Puerto Rico, en Guayama, cuando vence su contrato y entra en vigor la prohibición estatutaria a la quema de carbón para generar energía.

Paralelamente, González insistió –como hizo antes la administración de Pedro Pierluisi– que FEMA asigne fondos adicionales para que la AEE compre las tres unidades de emergencia que no pudo adquirir en marzo pasado, así como los equipos de control de emisiones de estos generadores portátiles. Los tres generadores, abundó, agregarían cerca de 75 MW adicionales de capacidad.

De otra parte, González pidió a FEMA y el DOE –cuya secretaria Granholm se espera que visite Puerto Rico la semana entrante, a días de dejar el cargo– que “impulsen y autoricen, sin demoras innecesarias”, un proyecto para agregar una turbina de vapor de 50 MW en la central Costa Sur, en Guayanilla. Esa unidad complementaría, según González, las dos unidades de resguardo, con capacidad combinada de 100 MW, que Genera PR espera instalar para el 2027.

Añadir una planta adicional a ese desarrollo, argumentó la gobernadora, “permitiría al proyecto convertirse en una planta de ciclo combinado altamente eficiente”.

Por último, González exigió que se agilicen las revisiones y aprobaciones asociadas a la reparación de 10 plantas hidroeléctricas de la AEE y para la adquisición de un transformador que se requiere en la central Aguirre, en Salinas, para manejar la generación que se almacenará en baterías. Según la gobernadora, el tiempo de entrega del transformador –que viabilizaría el desarrollo de los 200 MW en baterías– puede extenderse por hasta dos años debido a las complicaciones en las cadenas internacionales de distribución.

El 2 de enero, luego de juramentar como gobernadora, González había exigido a Biden decretar un estado de emergencia para, entre otras cosas, agilizar el desembolso de los fondos federales comprometidos para rehacer la red eléctrica, estimados en cerca de $17,000 millones. Este miércoles, en tanto, González designó a Josué Colón, hasta ahora director de la AEE, como su “zar” de energía, así como director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.