Un nuevo proyecto de administración presentado este domingo por la gobernadora Jenniffer González Colón busca establecer las “guías de fianza mandatoria”, una medida que la primera ejecutiva considera necesaria para uniformar el monto que se impone en los tribunales para ciertos delitos.

“Muchas veces, hay distintos tipos de fianza para delitos de alta peligrosidad, y hay siempre una disparidad entre las determinaciones judiciales y no hay consistencia”, señaló la gobernadora durante una conferencia de prensa, en La Fortaleza.

La razón principal por la que se establecen fianzas en los procesos criminales es asegurar la comparecencia, en el tribunal, de la persona imputada, permitiéndole permanecer en libertad mientras se ventila el caso.

Entre los montos fijos que propone el proyecto de ley, González Colón enumeró: $500,000 por cada cargo de asesinato en primer grado; $250,000 por cada cargo de asesinato en segundo grado, además de agresión sexual agravada o delitos sexuales en los que la víctima es una persona menor de edad o padece alguna discapacidad; $150,000 por cada cargo de utilización de menores para pornografía infantil; $75,000 por cada cargo de robo, escalamiento agravado o violaciones graves, por ejemplo, a la Ley de Sustancias Controladas; entre otros.

En cualquier otro delito, indicó la gobernadora, la fianza sería impuesta según las guías administrativas de referencia de trámite judicial de la Oficina de Administración de los Tribunales.

“Estamos uniformando la fianza, por lo menos, para lo que tiene que ver con delitos graves”, sostuvo la mandataria.

González Colón manifestó que, junto a su equipo, tomó como referencia básica las cuantías establecidas en diversos casos, aunque no ofreció detalles sobre ese análisis. “Muchas veces, nos sorprendemos todos cuando vemos una sentencia en un caso criminal en la zona metro y otra en la montaña, así que yo creo que tiene que haber uniformidad”, subrayó.

La gobernadora anticipó que se trata de una medida que tendrá su análisis en vistas públicas. “La Administración de Tribunales podrá opinar. Yo estoy segura de que la academia también podrá opinar”, señaló.

La medida, adelantó, será radicada este lunes en la Legislatura, además de otros cuatro proyectos de administración. Las demás piezas buscan enmendar la Ley de Voluntariado de Puerto Rico para incluir a las personas adultas mayores en el servicio voluntario en el gobierno estatal y municipal, y balancear condiciones entre los empleados y patronos en procesos de arbitraje.

Además, otra de las medidas persigue uniformar los equipos de comunicación del Departamento de Seguridad Pública, y otra, eximir a la Escuela de Artes Plásticas de los requisitos de la Administración de Servicios Generales, en respuesta a asuntos relacionados con su acreditación.

Por otro lado, González Colón anunció la firma de dos órdenes ejecutivas -la OE-2025-019 y OE-2025-020- para establecer, respectivamente, una oficina del tercer sector y organizaciones comunitarias y una oficina de base fe, ambas adscritas a la Oficina de la Gobernadora en La Fortaleza.

“Vamos a adiestrar a todas estas organizaciones para poder competir y redactar propuestas para fondos federales”, planteó. La mandataria añadió que también facilitarían capacitación para la obtención de fondos estatales y que el fin es “empoderar el desarrollo comunitario”.

Los decretos, precisó la gobernadora, también abren la puerta a que el gobierno pueda contratar organizaciones de base comunitarias y de base de fe, “en vez de contratar compañías privadas para dar servicio a sectores vulnerables”.

“Son las organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria las que atienden las primeras necesidades de la gente, antes de llegar el municipio, antes de llegar el gobierno, son las que están atendiendo muchos de los problemas de la gente, en algunos casos, con mayor expertise que el gobierno”, argumentó.

Cuestionada por este medio sobre cómo evitaría que organizaciones de base de fe discriminen en la prestación de servicios contra sectores o grupos poblacionales no alineados a las posturas religiosas que promueven, la gobernadora se limitó a responder: “Lo más importante es que podamos ampliar la gama de servicios que ofrecen las organizaciones sin fines de lucro, como las organizaciones de base de fe”.