Tras conocerse que, en una década, el gobierno perdió más de $4.2 millones en fondos públicos a causa de propiedad extraviada o manejada de manera “irregular”, la gobernadora Jenniffer González presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de administración para fijar nuevos parámetros en el manejo de estos bienes, al ampliar la gama de posibles responsables y dar más garras en la fiscalización.