Además de eliminar las metas intermedias de energía renovable –como había adelantado la gobernadora Jenniffer González–, el proyecto de administración que modifica la política pública energética pospone, por al menos dos años, la prohibición a la quema de carbón para generar electricidad y borra de plano los objetivos de eficiencia energética dirigidos a reducir el consumo futuro –y, por consiguiente, el gasto– que se dispusieron en 2019.

Contrario a lo que había planteado la primera ejecutiva en una conferencia de prensa la semana pasada, el lenguaje del proyecto sometido este miércoles a la Legislatura no altera, de momento, la definición de energía limpia. González había dejado entrever el viernes que, en lugar de procurar una transición basada en aumentar la cartera de energía renovable, la política pública futura perseguiría meramente la “descarbonización” de las fuentes de generación.

La pieza legislativa –parte de un paquete de tres medidas de administración anunciadas este miércoles– precisa que la veda a la quema de carbón no se materializaría antes del 1 de enero de 2030, aplazando por dos años el término vigente, que coincide con la expiración del contrato de la cogeneradora AES Puerto Rico, en Guayama, la única productora de energía en el país que utiliza ese combustible.

Sin embargo, la enmienda que propone la gobernadora deja la puerta abierta para que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) prorrogue, en períodos de cinco años adicionales, la entrada en vigor de la prohibición, si la producción de AES “no ha podido ser reemplazada por fuentes de generación más limpias a costos razonables”.

“La fecha que se debe establecer para el cierre de la planta de carbón debe ser definitiva, sin extensiones indefinidas”, sostuvo el ingeniero eléctrico Tomás Torres Placa, pasado representante de los clientes en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y uno de los líderes del proceso legislativo que, en 2019, derivó en la Ley 17 de Política Pública Energética. En ese sentido, el también exdirector del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica señaló que la ley vigente ya dispone un mecanismo para que AES convierta la instalación al uso de otra fuente, como el gas natural licuado.

Torres Placa, quien recalcó que en 2019 hubo 43 organizaciones y sectores que participaron de la discusión legislativa, opinó que, incluso si se opta por modificar los objetivos vigentes de energía renovable, sería prudente mantener los plazos intermedios, como lo sería lograr el 50% para 2030. Hace seis años, se estableció que el 40% se alcanzaría en 2025, el 60% en 2040 y el 100% en 2050, pero, al presente, la cartera ronda el 5%.

“Eso garantiza una continuidad de los proyectos, considerando que, con los contratos ya otorgados (para proyectos de fincas solares y almacenamiento de energía) y en proceso de construcción, en los próximos 18 meses a dos años, llegaríamos a un 20%. Habría que hacer un esfuerzo para otorgar contratos adicionales para subir de un 20% a un 30% más para llegar a entre 40% y 50% para el 2030. Esa meta es trascendental, porque Puerto Rico no tiene combustibles fósiles”, subrayó.

De otra parte, se opuso a eliminar las metas de eficiencia energética, que ordenan que, para 2040, la demanda energética se reduzca en, al menos, un 30%. En pasados años, LUMA Energy ha comenzado a implantar determinadas iniciativas en esa dirección, como ofrecer créditos a clientes por la adquisición de enseres que consumen menos energía. El proyecto de González, a su vez, propone descartar el mandato de reemplazar todo el alumbrado público por tecnología LED en o antes de 2030.

“Cada megavatio (MW) que se ahorre porque tenemos aires acondicionados o neveras o lámparas eficientes en los hogares, comercios o iluminación pública es un MW menos que se tiene que construir. Si logramos ahorrar el consumo de 300 a 400 MW en 10, 15 o 20 años, es menos dinero que tiene que salir del pueblo para construir plantas”, enfatizó Torres Placa.

Paralelamente, González –quien se encuentra en España en un viaje oficial– envió una segunda medida que eleva de $25,000 a $125,000 las multas administrativas diarias que el NEPR puede expedir a las empresas eléctricas que violan sus órdenes o reglamentos, disponiéndose que, en caso de reincidencia, la penalidad puede ascender a $250,000.

Asimismo, el proyecto de ley busca que las violaciones intencionales de la Ley 57 –que creó el NEPR– se consideren un delito grave, con penas de reclusión de hasta 18 meses, junto a posibles multas, a discreción del tribunal.

“Toda iniciativa dirigida a fortalecer los poderes del NEPR, siempre y cuando se considere mantener y expandir los procesos abiertos y participativos, es positiva”, acentuó Torres Placa.

González también ha prometido presentar proyectos dirigidos a darle fuerza de ley a la figura del zar de Energía, a la que designó al exdirector de la AEE Josué Colón, y para brindar un marco regulatorio para las llamadas plantas eléctricas virtuales.