La gobernadora Jenniffer González adelantó este viernes que reactivará un comité integrado por representantes gubernamentales y del sector privado, con el objetivo de cabildear en la capital federal por los fondos asignados al Plan Vital, que volverá a enfrentarse a un precipicio fiscal en 2027, cuando vencen las asignaciones congresionales que, a ese momento, habrán superado los $4,000 millones anuales.

González, tras participar de una cumbre de la Asociación de Industriales enfocada en el sector de los servicios de salud, puntualizó que, igualmente, intentará robustecer el acceso y recopilación de datos, como una de las principales apuestas para exigir un mejor trato a Puerto Rico en los programas federales, incluyendo las partidas de Medicaid que financian, en gran parte, el plan de salud del gobierno.

“Una de las cosas que anuncié aquí es la creación o reactivación de un comité de salud para trabajar todos los temas relacionados a la tarjeta de salud, asuntos de Medicare Advantage y todo lo que tiene que ver con asuntos de salud y gobierno a nivel federal. Vamos a estar reestructurando la orden ejecutiva con el componente en el que va a estar la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y la Asociación de Hospitales, entre otras organizaciones y profesionales de la salud que, en el pasado, nos ayudaron a asegurar los fondos federales”, expresó la gobernadora en un aparte con la prensa, luego de ofrecer un mensaje en la convención.

En septiembre de 2027, expira la asignación que garantizó a Puerto Rico cerca de $19,000 millones por cinco años para Medicaid, y que también elevó a 76% el pareo federal para los servicios cubiertos por Vital. De no autorizarse nueva legislación especial, las partidas y el pareo podrían caer, respectivamente, a cerca de $500 millones al año y 55%, como dispone la ley permanente.

Paralelamente, González subrayó que urge aumentar el pago por asegurado que obtiene Puerto Rico, donde el promedio se encuentra por debajo, incluso, de otros territorios como las Islas Vírgenes. Según la mandataria, el gobierno federal sufraga un promedio de $644 por paciente de Medicare Advantage, en contraste con los $837 de las Islas Vírgenes y aún más distante de los $1,099 en los estados.

“Eso significa que Puerto Rico está generando mucho menos dinero por un servicio mucho menos dinero por un servicio de salud de excelencia, por médicos certificados, simplemente porque viven en la jurisdicción de Puerto Rico. En Islas Vírgenes, reciben $837 por paciente. ¿De dónde surge la diferencia? La ‘data’ que se da para justificar el aumento”, planteó González, quien señaló que comisionará al Instituto de Estadísticas la tarea de analizar a fondo el costo de los servicios en Puerto Rico, donde sobre un millón de personas utiliza la cubierta de Medicaid.

“Tenemos (los fondos) hasta 2027, (pero) no vamos a esperar esos dos años; tenemos que ir trabajando cómo damos la información”, puntualizó.

De otra parte, González se expresó satisfecha con el ritmo al que el Senado ha atendido, a la fecha, sus designaciones judiciales y al gabinete ejecutivo. El pasado lunes, el cuerpo legislativo confirmó cinco designados al gabinete, así como a Camille Rivera Pérez y Raúl Candelario López a las dos vacantes de jueces asociados en el Tribunal Supremo.

Mientras, este sábado, el Senado celebrará vistas de confirmación de otros cinco nominados, incluyendo la designación de Joseph González Falcón como comisionado del Negociado de la Policía.

“Que el Senado los está atendiendo semanalmente (…) adelanta muchísimo. Obviamente, cada nominado tiene que someter sus documentos al Senado. Sé que es un proceso que tarda, no solo de los documentos, sino de análisis psicológico. En la medida que estén cumpliendo, me parece que están haciendo las vistas, tomándose el tiempo, haciéndolo un sábado completo y luego evaluándolos en la semana. Así que me siento muy satisfecha”, recalcó la primera ejecutiva.

Aunque hasta el momento el Senado no ha citado a vista de confirmación al secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez –quien ha estado bajo fuego por sus determinaciones vinculadas a las estructuras de La Parguera–, González no expresó mayor preocupación por su futuro, y aseguró que no se ha planteado buscar reemplazo.

“Me han dicho que todo está fluyendo, que se está evaluando y que, luego de esa vista de interpelación (en enero), el secretario hizo su trabajo y satisfizo muchas de las preguntas. Yo confío en el proceso”, acentuó.

González señaló, asimismo, que la semana entrante espera designar al comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres –puesto que hasta el pasado cuatrienio ocupó Nino Correa–, al tiempo que notificó que nombró como gerente de permisos especializada a Emmy Aponte Betancourt, una posición que no requiere confirmación senatorial y que se encargará de tramitar aquellos proyectos de infraestructura considerados “críticos”.