La gobernadora electa reafirmó su intención de eliminar el COR3, pese a los argumentos de que sigue siendo un requisito del gobierno estadounidense
La gobernadora electa reafirmó su intención de eliminar el COR3, pese a los argumentos de que sigue siendo un requisito del gobierno estadounidense
24 de noviembre de 2024 - 4:00 PM
Tras una primera semana de vistas de transición en la que el estado de la reconstrucción jugó un papel protagónico, la gobernadora electa Jenniffer González subrayó que existe una “preocupación real” en torno a la pérdida de fondos federales tan pronto como en marzo del año entrante, posición que choca frontalmente con los planteamientos que expuso Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), el pasado miércoles.
González, en entrevista con El Nuevo Día, refutó la premisa de que las extensiones de fondos –como las que se han solicitado para miles de proyectos cuyas asignaciones vencen temprano en 2025– a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), constituyen un trámite “ordinario” en los procesos de reconstrucción a largo plazo, como supone el desastre causado por el huracán María, en 2017.
“Yo creo que es una preocupación real. No es ordinario, porque estamos hablando de que tienes una cantidad de fondos como nunca antes Puerto Rico había recibido y en siete años no se obligó su totalidad. Por lo tanto, tienes que garantizar que ese dinero no lo perdamos. Por ejemplo, en el tiempo que llevo en el Congreso, nos pasó con fondos del Cuerpo de Ingenieros (del Ejército de Estados Unidos), y esos fondos se sustrajeron, se removieron, y me tomó año y medio lograr que se volvieran a reasignar”, afirmó la comisionada residente saliente.
En los primeros días de la transición, tanto Laboy como William Rodríguez, secretario del Departamento de la Vivienda –que gestiona el uso de $20,000 millones asignados por su contraparte federal–, insistieron que el aparato estatal no ha añadido capas de burocracia a las que ya impone el gobierno federal, por ejemplo, en materia ambiental. Sin embargo, González discrepó, aludiendo a disposiciones estatales de esa índole, “por ejemplo, pedirle a una persona que va a reconstruir su casa, un requerimiento de impacto ambiental”.
Ambos funcionarios, a su vez, han recalcado que gran parte de los fondos asignados a Puerto Rico no estuvieron realmente disponibles hasta finales del pasado cuatrienio o inicios de este, ante las dilaciones federales en la aprobación de guías para su uso.
“Yo creo que los planteamientos de (Laboy) están un poco fuera de tono. Hablar de que hay burocracia federal; el presidente (Joe Biden) asignó a la vicepresidenta Kamala Harris para que en estos cuatro años rompiera la burocracia y ayudara a la reconstrucción. ¿Qué frutos tuvo eso? Es la pregunta básica que hay que hacerse”, cuestionó la mandataria entrante.
Laboy, en su comparecencia ante el Comité de Transición, hizo alusión al tiempo que ha demorado la reconstrucción de Luisiana tras el huracán Katrina, en 2005, con proyectos que todavía siguen en desarrollo gracias a las extensiones de fondos que FEMA ha aprobado periódicamente.
El director ejecutivo del COR3, a su vez, reiteró la importancia de dar continuidad al trabajo de la dependencia que dirige –y que González tiene intención de eliminar–, argumentando que le brinda credibilidad en las gestiones ante el gobierno federal y que fue un mandato de 2017 del presidente Donald Trump, quien en enero estará de vuelta en la Casa Blanca.
“Obviamente, haremos la evaluación correspondiente, con la información que se haya provisto en la transición y buscaremos, primero, sustituir el GAR (representante autorizado del gobernador, designación que ahora ostenta Laboy), que es la agencia que va a manejar los fondos de emergencia cuando existen este tipo de cosas. Pero creo que la función del COR3 ya se cumplió en el principio, que era tener un solo ente para manejar esos fondos. Creo que la cantidad de contrataciones de asesores externos, a mi juicio, excede (los parámetros razonables)”, sentenció González, haciendo referencia a información que señaló el comité entrante, en torno a la concentración de sobre $1,100 millones en cinco firmas de consultoría.
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