La gobernadora Jenniffer González se desentendió este jueves del potencial incremento en la factura que experimentarían los consumidores si el Negociado de Energía (NEPR) avala incluir en los ajustes trimestrales los fondos para pagar los $110 millones por concepto de la renegociación del contrato de Genera PR, argumentando que se trata de un contrato heredado y afirmando erróneamente que la versión original del pacto no impone un “tope” a las bonificaciones que puede devengar anualmente el operador.

“La carta (moción) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lo que dice es que ya el mecanismo, el contrato que tenía Genera con el pueblo de Puerto Rico antes de yo llegar, disponía que mensualmente las eficiencias que tenía –porque hubo baja en el contrato de petróleo o porque ellos hicieron algo para economizar– se traducía en bonificaciones a Genera que podían fluctuar entre $30 (millones) y $40 millones al año a este operador por los próximos 10 años. (…) Para mí eso era ridículo”, dijo González, en conferencia de prensa.

En el año fiscal 2023-2024 –el primero del contrato de 10 años de Genera PR–, la empresa devengó cerca de $15 millones en bonificaciones, aunque hasta la reciente renegociación con la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas mantenía sobre la mesa una reclamación por otros $32.5 millones que aún no se habían adjudicado.

A partir de las enmiendas –que aún esperan por el aval definitivo del NEPR y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)– “yo te voy a pagar los $110 millones, pero, en vez de que sea anual, solo en el primer año, pero no te voy a pagar nada el año que viene ni el próximo. Por lo tanto, me ahorro con esta renegociación $890 millones, porque no voy a tener que estar pagando entre $30 millones y $40 millones (al año), porque no hay un tope”, dijo la primera ejecutiva.

Sin embargo, conforme a los términos del pacto suscrito en 2023, Genera PR devengaría en bonificaciones el equivalente al 50% de los ahorros producidos en función de su operación, hasta un tope anual de $100 millones. El restante de los ahorros se traspasaría a los consumidores a través de la factura.

De otra parte, según González, la moción del 21 de marzo que la AEE sometió al NEPR no supone una petición de aumento para el trimestre de abril a junio, si bien la corporación pública propuso que, a través del ajuste por combustible que se incluye en las facturas, se recauden $55 millones para pagar la primera porción del contrato renegociado.

De ser aprobado, los $55 millones a lo largo de un trimestre supondrían un impacto tarifario en torno a 1.3 centavos por kilovatio hora, lo que, en esencia, cancelaría la reducción de 1.34 centavos que LUMA Energy propuso más temprano en marzo, a base de las reconciliaciones periódicas del cargo de ajuste por combustible.

“La comunicación que se envía es el documento donde el NEPR evalúa el mecanismo de reconciliación, no es una petición de aumento en la tarifa de la luz”, acentuó la mandataria.

¿De dónde se va a sacar el dinero para pagarle a Genera PR?, se le inquirió.

“De las reconciliaciones que se hacen entre las alegaciones del operador y lo que el NEPR evalúa. No necesariamente (se modifica el ajuste por combustible). Ellos, en el pasado, han hecho estos pagos, de $30 (millones) o $40 millones, que hubieran sido economías para el pueblo, y se los han identificado y pagan al operador, en vez de bajar la factura”, replicó la gobernadora, sin detallar a qué instancia específica se refería.

Durante un evento en Canóvanas –donde anunció, junto a la alcaldesa Lornna Soto, la apertura de un centro de servicio a menores–, González también insistió en que “esta semana” discutirá nuevamente con la JSF posibles mecanismos para sufragar las pensiones de la AEE “de manera permanente”.

El miércoles, la mandataria y la JSF anunciaron que los desembolsos correspondientes a abril se sufragarán mediante una reprogramación de casi $25 millones del gobierno central. Previamente, la JSF exigió que, a partir de junio, los costos del Sistema de Retiro se incluyeran en las facturas de los abonados, lo que supondría un incremento tarifario y a lo que González se ha opuesto.

La gobernadora, sin embargo, tampoco ha expresado su apoyo a la propuesta de la Junta del Sistema de Retiro de la AEE y de la Asociación de Jubilados de la corporación pública, que consideran que el gobierno central debe recapitalizar el fondo de pensiones, al que la empresa estatal adeuda sobre $800 millones en aportaciones patronales.