Aunque el gobierno de Pedro Pierluisi rechazó haber incurrido en la práctica conocida como atornillamiento de empleados públicos, la mandataria electa Jenniffer González aseguró que revisará toda transacción de personal realizada tras las primarias de junio –en las que derrotó al incumbente saliente–, y afirmó que no le temblará el pulso para “tomar acciones, si hay que tomarlas”.

“Voy a revisar todo lo que se haya hecho que comprometa al próximo gobierno y el presupuesto fiscal. Por eso, me opuse a la sesión extraordinaria, porque entendía que las medidas que estaban contenidas ahí tenían un grave impacto en el presupuesto del año. Y lo mismo va a ser con todo este tipo de transacciones que se han hecho posterior a la elección”, dijo, en tono fuerte.

¿Qué parámetros utilizaría para revocar transacciones?, preguntó El Nuevo Día.

“No voy a adelantar mi juicio sobre eso, porque quiero ver qué es lo que hay, pero no me va a temblar el pulso en tomar las acciones si hay que tomarlas”, respondió la gobernadora entrante, durante una entrevista en la que su esposo, José Yovín Vargas, estuvo presente.

Vargas añadió, por su parte, que González es “es bien organizada y es bien disciplinada, y no le va a dejar pasar ni una a nadie”.

La administración de Pierluisi fue cuestionada, incluso por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), sobre movidas de personal y cuántos empleados de confianza ahora son de carrera. En respuesta, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, negó que se haya atornillado trabajadores en las agencias, una práctica que consiste en ubicar empleados de confianza en puestos de carrera.

El gobierno informó a la JSF que, del 1 de enero al 30 de agosto de este año, autorizó 6,808 transacciones de personal, aclarando que ninguna conllevó crear puestos de carrera para empleados de confianza. Entre esas transacciones –que incluyeron crear, ocupar, crear y ocupar y reclasificar empleados–, hay 59 plazas de carrera de coordinador interagencial y oficial ejecutivo gubernamental, y de ese total, 23 aparecen como puestos de nueva creación, según la información dada a la JSF.

González señaló que mantiene comunicación “directa” con el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, y que pretende “hacer lo mismo con los miembros” del ente que controla las finanzas públicas. Como Pierluisi, González representará directamente al gobierno de Puerto Rico ante el organismo.

Sobre los nombramientos de envergadura vacantes que tendrá que llenar, la comisionada residente saliente dijo que no tendrá “ninguna prisa en la selección”. “Creo que hay gente capacitada que puede hacer ese rol. Yo te aseguro que los voy a someter oportunamente”, sostuvo.

En su mandato, González tendrá vacantes en el Tribunal Supremo (tres), la Oficina del Contralor, las procuradurías de las Mujeres, de las Personas de Edad Avanzada, del Veterano y del Paciente, y la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones.

González reveló que el primer nombramiento que hará será el de la procuradora de las Mujeres, pero no dio su nombre.

“Lo segundo, empezar con la transformación de un programa en el Departamento de Educación, donde tengamos un curso de manejo de emociones, que es lo que está en la plataforma, para manejar los casos de violencia doméstica y prevenir la generación de violencia, como manera de manejo de emociones para las próximas generaciones. Eso, también, habla de publicidad para llevar a cabo un mensaje de cómo se combate esto y cumplir todo lo que está en la plataforma”, expresó.

¿La perspectiva de género no está incluida?, preguntó El Nuevo Día.

“No, no está en la plataforma, y yo voy a honrar lo que dice la plataforma del PNP, que fue lo que el pueblo validó”, dijo González.

Sobre la orden ejecutiva de Pierluisi –avalada en varias ocasiones– que declara un estado de emergencia por violencia de género, indicó que no la extenderá, de inmediato, y esperará por el contenido del informe de transición que recibirá.

De otro lado, González heredará jefes de corporaciones públicas u otras dependencias de la administración saliente, quienes fueron nombrados a un término de seis años. Ese es el caso, por ejemplo, de Noé Marcano, administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, quien responde a la Junta de Gobierno.

“Yo evaluaré, porque la legislación permite eso. Así que, cuando la Legislatura permitió que hubiera términos que sobrepasaran un cuatrienio para ciertos nombramientos, pues, uno tiene que respetar la ley. Hay otros casos en los que va a haber reformas, que están contenidas en la plataforma, y esos términos, pues, se cambiarán cuando se enmienden leyes”, sostuvo.

“Pero, en este momento, yo no voy a adelantarme. Cuando yo tenga todos los miembros de junta y la legislación y las evaluaciones, diré y, si tengo que pedirle a alguien públicamente que no va a cónsono con la política pública de lo que tenemos que hacer, no voy a tener empacho a ninguno para así decirlo. Créeme, en este momento, mi mente la ocupa energía, los nombramientos y las entrevistas que estoy haciendo”, abundó.

Precisamente, el tema energético será prioridad para González, una vez jure en el cargo el 2 de enero, dijo. Adelantó que, entre los primeros proyectos que enviará a la Legislatura, uno será para encaminar una reforma sobre permisos y otro, para crear el cargo de zar de energía.

“Le tengo que dar rápidamente a todo lo que tiene que ver con permisos, para sacar del camino todos estos proyectos que llevan languideciendo casi ocho años. Reforma de permisos, que incluye sacar la Oficina (de Gerencia) de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico, cortar burocracia y hacer los procesos más expeditos. El segundo proyecto debe ser el zar de energía, que será fruto del trabajo del Comité de Transformación Energética, que ya nos estamos reuniendo”, compartió.

Sobre el Comité, indicó que no tiene fecha de culminación, pero aseguró que su promesa de cancelar el contrato de LUMA Energy y buscarle un sustituto sigue intacta. Puntualizó que también se evaluará el área de generación, a cargo de Genera PR.

“El reto más grande que voy a tener como gobernadora es reducir dramáticamente los apagones, bajar el costo de electricidad y que tengamos generación”, admitió.

Respecto a la dinámica de trabajo que establecerá con Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente electo, González expresó que, aunque tienen temas en común por los que abogarán –como el cambio del Programa de Asistencia Nutricional al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés)– sus agendas son disímiles.

“Yo le hablé de cuáles eran mis prioridades en el Congreso. Él las anotó. Evidentemente, yo voy a empujar la estadidad. Yo no necesito al comisionado residente para seguir impulsando la estadidad”, afirmó González.

Hernández Rivera ha dicho que el status no será prioritario en su agenda en la capital federal.