La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) requirió a la gobernadora Jenniffer González detalles sobre el presupuesto con el que operará la Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor, creada hace un mes para atender esa población desde La Fortaleza, y cuestionó en qué se diferenciarían sus funciones de las que cumple la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA).

González creó el nuevo ente público el 6 de marzo, mediante la Orden Ejecutiva 2025-010, con la intención de que esté adscrito a la Oficina de la Gobernadora, y desde allí, brinde asesoría en los asuntos relacionados con los adultos mayores, sirva de enlace entre la mandataria y las organizaciones que representan y abogan por esta población, y planifique, implemente y evalúe la política pública dirigida a este sector, entre otras labores.

“Por favor, explique en qué se diferenciarían las funciones de la Unidad de Atención Integral al Adulto Mayor de las encomendadas a la Oficina del Procurador de Edad Avanzada y Personas Retiradas”, cuestionó el director de la JSF, Robert Mujica, en la misiva enviada el martes a la primera ejecutiva.

No fue posible, de inmediato, obtener comentarios de La Fortaleza.

En su petición de información, el ente fiscal solicitó, además, el análisis de costos de esta nueva unidad, incluido el número de posiciones, sus salarios y si cuenta con certificaciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos sobre el plan de clasificación y retribución para esos puestos.

La gobernadora también deberá identificar “una fuente viable de fondos recurrentes” para cubrir la nómina y los gastos operativos de la Unidad para la Atención Integral para Adultos Mayores, advirtió el organismo que controla las finanzas públicas.

LA JSF recalcó que un primer requerimiento de estos datos fue remitido el 19 de marzo y aún no ha sido respondido, y concedió hasta el martes, 15 de abril a la gobernadora para que someta la información.

“Reiteramos que, de conformidad con la política, las órdenes ejecutivas deben presentarse a la Junta de Supervisión en inglés antes de su emisión para que esta pueda realizar su revisión según lo dispuesto por (la ley) Promesa”, subrayó la Junta en la carta.

Cuando anunció la creación de la nueva unidad, González destacó que el objetivo era centralizar la política pública orientada a los adultos mayores.

“Esta unidad busca atender todas las áreas del gobierno, el que no tengamos solamente un programa en el Departamento de la Familia para atender personas de mayor edad o un programita en el Departamento de Recreación y Deportes, sino que toda la política pública del gobierno vaya centrada a darle atención directa y rápida a nuestras personas de mayor edad, y buscar protegerlos a toda costa”, manifestó la gobernadora entonces.

González no detalló quién estaría al frente de esta oficina o cuántos empleados requeriría. Se limitó a decir que habían entrevistado a dos personas que “han tenido puestos importantes en el Departamento de la Familia”.

Rechazó, en aquel momento, que la nueva oficina sea una nueva capa de burocracia o que duplique esfuerzos con otras entidades gubernamentales que atienden a los adultos mayores a pesar de que la Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Ley 76-2013) recoge funciones descritas por la gobernadora como parte de las tareas de la nueva unidad.

El 27 de marzo, González designó a la doctora Yolanda Varela Rosa como la nueva procuradora de las Personas de Edad Avanzada, cargo que tiene un término de 10 años.