El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, advirtió a la gobernadora Jenniffer González que la participación de un representante del organismo en los trabajos del Comité de Transformación Energética creado por la mandataria no equivalen a un aval a las decisiones y recomendaciones que el grupo emita.

La administración de González y la JSF han chocado en torno al tema energético en pasadas semanas, particularmente con relación al rumbo del caso de reestructuración financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Como director ejecutivo de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, escribo para aclarar la participación y el rol de la Junta de Supervisión en el Comité de Trabajo de Transformación Energética de Puerto Rico, y en los comités gubernamentales en general”, subrayó Mujica como introducción a la carta de tres párrafos, remitida ayer, lunes, a González y Francisco Domenech, secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

“Deseamos aclarar que la participación de personal de la Junta de Supervisión en cualquier comité del gobierno no implica un acuerdo o apoyo a las decisiones o juicios del comité. A menos que se indique lo contrario, el rol del personal de la Junta de Supervisión en el Comité Energético u otros comités similares es para proveer la perspectiva de la Junta de Supervisión en los asuntos y mantenerse informada de desarrollos relevantes a la misión de la Junta de Supervisión”, abundó el director del organismo que controla las finanzas públicas del país.

Las primeras sesiones del Comité de Transformación Energética se produjeron en diciembre, desde antes que González asumiera la gobernación. Tras su primer encuentro, el 19 de diciembre, la primera ejecutiva anunció que de los trabajos formaría parte Fausto Hernández, encargado de temas de infraestructura de la JSF.

El 9 de enero, González formalizó, mediante orden ejecutiva, el equipo de trabajo, que incluye a exdirectivos de la AEE, exlegisladores y líderes del sector privado, y ha apuntado a las deficiencias de la flota generatriz como la “prioridad” para restablecer la estabilidad energética, pese a que las fallas del sistema de transmisión y distribución siguen causando la mayor parte de las interrupciones del servicio.

Ayer, la gobernadora aceptó que, como proyectó recientemente LUMA Energy, la incidencia de relevos de carga se cuadruplicará este verano en comparación con 2024. Paralelamente, el Senado aprobó –mediante descargue– el proyecto de administración que pospone de 2027 a 2032 la prohibición a la quema de carbón para generar energía y elimina las metas intermedias de producción de energía renovable que aplicaban para 2025 y 2040.

“La Junta de Supervisión está comprometida con trabajar de cerca con la Oficina de la Gobernadora y otras ramas del gobierno de Puerto Rico para atender los temas más apremiantes de la isla. Compartimos sus metas de revitalizar la economía de Puerto Rico, invertir en infraestructura confiable y mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños”, comunicó Mujica en su escrito a González.

En pasadas semanas, la administración de González criticó la certificación, de parte de la JSF, del plan fiscal de la AEE, que sirve como zapata para la propuesta de reestructuración de la corporación pública. Semanas después de que González y Domenech señalaran que la JSF no les había consultado durante la elaboración del documento, el organismo recalcó que el gobierno todavía no le había traído a su consideración potenciales enmiendas.

En el plan fiscal certificado en febrero, la JSF, por primera vez, propuso que el repago de una porción de la deuda reclamada por los acreedores de la AEE provenga de fuentes externas a las facturas que pagan mensualmente los clientes, elemento que, en principio, se alinea con la promesa de campaña de González. La mandataria y su equipo fiscal, sin embargo, han censurado que el plan fiscal proyecte dramáticos incrementos en los costos de operación de la red que, paralelamente, requerirían aumentos a las tarifas y no dejarían margen para incluir repago a los bonistas.